Ley de ejuiciamiento civil

derecho procesal civil

En términos generales, el procedimiento civil consiste en las normas por las que los tribunales llevan a cabo los juicios civiles. Los «juicios civiles» se refieren a la resolución judicial de las reclamaciones de un individuo o clase contra otro y deben distinguirse de los «juicios penales», en los que el Estado procesa a un individuo por violación de la ley penal.

En Estados Unidos, el procedimiento civil suele adoptar la forma de una serie de normas y prácticas judiciales. Los tribunales federales siguen las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP); los tribunales estatales siguen sus propias reglas estatales de procedimiento civil. A menudo, el procedimiento civil estatal refleja muchas de las normas federales.

En 1934, el Congreso aprobó el Código 28 de los EE.UU. § 2072 -también llamado Ley de Habilitación de Reglas- que «otorgó al Tribunal Supremo la facultad de establecer reglas de procedimiento y prueba para los tribunales federales, siempre y cuando no ‘restrinjan, amplíen o modifiquen ningún derecho sustantivo'».

Los procedimientos de los tribunales se derivan de las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda y de la Decimocuarta Enmienda. Ambas Enmiendas contienen la Cláusula del Debido Proceso, que establece que nadie será «privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal».

normas de procedimiento civil 1999

Las fuentes del procedimiento civil en Sudáfrica se encuentran en la Ley de Tribunales de Magistrados[2] y su Reglamento,[3] la Ley de Tribunales Superiores (que derogó y sustituyó a la Ley del Tribunal Supremo), las Reglas Uniformes de los Tribunales,[4] la jurisprudencia, las reglas de práctica de los tribunales y otra legislación. También hay que tener en cuenta el proyecto de ley de la Decimoséptima Enmienda Constitucional[5]. Desde su creación en 1985, el Consejo de Reglas es el único competente para dictar normas para los tribunales[4].

La Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, como ley suprema de la República, proporciona el marco general para el procedimiento civil;[6] la Constitución ha sido responsable de cambios significativos en el procedimiento civil desde su creación en la década de 1990, como por ejemplo, en asuntos de cobro de deudas,[7] el acceso a los tribunales[8] y la prescripción, en particular con respecto a los litigios contra el Estado.

El artículo 8 aplica el capítulo 2 de la Constitución, la Carta de Derechos, a «toda la legislación». Por lo tanto, no se puede litigar sin tener en cuenta el artículo 36 de la Constitución, la cláusula de limitaciones; y varios derechos del capítulo 2 se relacionan directamente con el derecho procesal civil: el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 9), a la libertad y la seguridad (12), a la propiedad (25), a tener acceso a una vivienda adecuada (26) y el derecho a tener acceso a los tribunales (34)[6].

normas de procedimiento civil del reino unido pdf

Este libro ofrece el primer análisis detallado de la actividad de la UE en materia de armonización procesal, que abarca el procedimiento civil, el derecho internacional privado y el derecho europeo. El libro sitúa el desarrollo del área política y su regulación en relación con temas más amplios del proceso de integración europea: construcción del mercado, ciudadanía, derechos fundamentales, subsidiariedad y gobernanza. Ofrece un análisis detallado de las medidas legislativas y evalúa su impacto en los principios fundamentales de la justicia civil, incluido el derecho a las garantías procesales. También se analiza la jurisprudencia en la materia, incluida la introducción del principio de reconocimiento mutuo. El libro concluye con un análisis comparativo del enfoque de la UE con los esfuerzos internacionales más amplios de armonización procesal.

derecho penal y jurisprudencia…

Artículo 1 La Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China se formula sobre la base de la Constitución y a la luz de la experiencia y las condiciones reales de nuestro país en el juicio de casos civiles.

Artículo 2 La Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China tiene como objetivo proteger el ejercicio de los derechos de litigación de las partes y asegurar la comprobación de los hechos por los tribunales populares, distinguir lo correcto de lo incorrecto, aplicar la ley correctamente, juzgar los casos civiles con prontitud, afirmar los derechos y obligaciones civiles, imponer sanciones por los agravios civiles, proteger los derechos e intereses legítimos de las partes, educar a los ciudadanos para que se atengan voluntariamente a la ley, mantener el orden social y económico y garantizar el buen progreso de la construcción socialista.

Artículo 8 Las partes en los litigios civiles tendrán igualdad de derechos para litigar. Los tribunales populares, al llevar a cabo los juicios, salvaguardarán sus derechos, facilitarán su ejercicio y les aplicarán la ley por igual.