Ante quien se presenta el recurso de amparo

Recurso de amparo vs. recurso de habeas corpus

El amparo, generalmente concedido por un tribunal supremo o constitucional, cumple una doble función protectora: protege al ciudadano y sus garantías básicas, y protege la propia constitución asegurando que sus principios no sean violados por leyes o acciones del Estado que socaven los derechos básicos consagrados en ella. Se asemeja, en algunos aspectos, a los recursos constitucionales como la tutela disponible en Colombia, el mandato de seguridad (Mandado de Segurança) en Brasil y el procedimiento de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) que se encuentra en Alemania.

En muchos países, la acción de amparo tiene por objeto proteger todos los derechos que no están protegidos específicamente por la constitución o por una ley especial con rango constitucional, como el derecho a la libertad física, que puede protegerse en cambio mediante recursos de habeas corpus. Así, del mismo modo que el habeas corpus garantiza la libertad física, y el «habeas data» protege el derecho a mantener la integridad de los datos personales, el amparo protege otros derechos básicos. Por lo tanto, puede ser invocado por cualquier persona que considere que se está violando alguno de sus derechos, implícita o explícitamente protegidos por la constitución, otra ley (o por los tratados internacionales aplicables).

Auto de hábeas corpus

Alegato Alford – Alegato del acusado que le permite afirmar su inocencia pero permite al tribunal sentenciar al acusado sin llevar a cabo un juicio. Básicamente, el acusado admite que las pruebas son suficientes para demostrar su culpabilidad. Este tipo de declaración se hace a menudo con el fin de negociar un acuerdo con el fiscal para obtener cargos menores o una sentencia.

Apelación – Petición que se hace después de un juicio, solicitando a otro tribunal (normalmente el tribunal de apelación) que decida si el juicio se llevó a cabo correctamente. Hacer una petición de este tipo es «apelar» o «presentar una apelación». Tanto el demandante como el demandado pueden apelar, y la parte que lo hace se llama apelante. Las apelaciones pueden hacerse por una variedad de razones, incluyendo un procedimiento inadecuado y pedir al tribunal que cambie su interpretación de la ley.

Quiebra – Se refiere a los estatutos y procedimientos judiciales que implican a personas o empresas que no pueden pagar sus deudas y buscan la ayuda del tribunal para empezar de nuevo. Bajo la protección del tribunal de bancarrota, los deudores pueden liberarse de sus deudas, quizás pagando una parte de cada una de ellas. Los jueces de quiebras presiden estos procedimientos.

Ejemplo de un recurso de amparo

En la última década, Guatemala ha logrado avances espectaculares en la promoción de la rendición de cuentas por abusos de poder, incluyendo casos de atrocidades contra los derechos humanos y actos de corrupción. Este progreso se debe en gran medida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se creó en 2007 para trabajar con el Ministerio Público en la investigación y el enjuiciamiento conjunto de casos relacionados con redes criminales que habían surgido como una grave amenaza para el estado de derecho desde el final del conflicto armado interno del país en la década de 1990. Las investigaciones de la CICIG durante la última década han llevado a la detención y el enjuiciamiento de poderosos delincuentes y funcionarios corruptos que antes se consideraban intocables. Sus logros han superado todas las expectativas y han generado niveles de apoyo público sin precedentes a los esfuerzos por promover la rendición de cuentas en el país.

Los logros más célebres de la asociación de la CICIG con el Ministerio Público se produjeron en 2015, cuando sus investigaciones conjuntas sacaron a la luz múltiples esquemas de corrupción, implicando a funcionarios de los tres poderes del Estado y provocando la dimisión y el arresto del presidente y el vicepresidente del país. Estos casos incluyen:

Recurso de amparo

El Reglamento del Tribunal de Filipinas, en su versión modificada, y las normas y reglamentos dictados por el Tribunal Supremo, definen las normas y procedimientos del poder judicial. Estas normas y reglamentos adoptan la forma de asuntos administrativos, órdenes administrativas, circulares, circulares de memorando, órdenes de memorando y circulares de la OCA.    El Tribunal Supremo difunde estas normas y reglamentos a todos los tribunales, publica las más importantes en periódicos de circulación general, las imprime en forma de libro o folleto, y las sube al sitio web del Tribunal Supremo y al sitio web de la Biblioteca Electrónica del Tribunal Supremo.

En virtud del artículo VIII, sección 8, los nombramientos para la judicatura son realizados por el Presidente de Filipinas sobre la base de una lista presentada por el Consejo Judicial y de la Abogacía, que está bajo la supervisión del Tribunal Supremo.    Su función principal es seleccionar a los posibles candidatos a cualquier puesto judicial. Está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo como presidente de oficio, el Secretario de Justicia y representantes del Congreso como miembros de oficio, y un representante del Colegio de Abogados integrado, un profesor de derecho, un miembro jubilado del Tribunal Supremo y un representante del sector privado como miembros.