Omisión del deber de socorro jurisprudencia

Omisión del deber de socorro jurisprudencia en línea

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Este ensayo pretende analizar críticamente el lugar que ocupan las omisiones en el derecho penal, que tradicionalmente se ha centrado principalmente en los actos de comisión que causan un daño a otro. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede penalizar un acto de omisión, que es «algo que no se hace en circunstancias en las que hay alguna razón o expectativa de que esa cosa se haga»[1] Este ensayo pretende evaluar las circunstancias en las que la justicia tiene esa expectativa. En general, el derecho común impone este deber de actuar en cuatro circunstancias específicas: cuando el acusado es un funcionario público, tiene una relación familiar con la víctima, asumió voluntariamente la responsabilidad de la víctima o creó el peligro para la víctima[2] En todas las demás circunstancias, generalmente no existe el deber de actuar, incluso cuando sería moralmente reprobable no hacerlo. Por ejemplo, una persona sana que no intenta salvar a un bebé que se está ahogando no es un asesino a los ojos de la ley.    En otras jurisdicciones se ha intentado imponer el deber de ayudar a los demás en forma de leyes del «buen samaritano».    Este ensayo también examinará su aplicación en las jurisdicciones continentales.

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Los ejemplos y la perspectiva de este artículo se refieren principalmente al Reino Unido y no representan una visión mundial del tema. Puede mejorar este artículo, debatir el tema en la página de discusión o crear un nuevo artículo, según convenga. (Diciembre 2010) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

En el derecho penal, en el common law, no existía un deber general de cuidado hacia los conciudadanos. El punto de vista tradicional se resumía en el ejemplo de ver a una persona ahogarse en aguas poco profundas y no hacer ningún esfuerzo de rescate, donde los comentaristas tomaron prestada la frase: «No matarás, pero no necesitas esforzarte, oficiosamente, para mantener a otro con vida». (Arthur Hugh Clough (1819-1861)) en apoyo de la propuesta de que la falta de actuación no conlleva responsabilidad penal. No obstante, tales omisiones pueden ser moralmente indefendibles y, por ello, tanto los legisladores como los tribunales han impuesto la responsabilidad cuando la omisión es lo suficientemente censurable como para justificar la penalización. Por ello, algunos estatutos establecen explícitamente que el actus reus consiste en cualquier «acción u omisión» relevante, o utilizan una palabra que puede incluir ambas. Por lo tanto, la palabra «causar» puede ser tanto positiva, en el sentido de que el acusado haya lesionado proactivamente a la víctima, como negativa, en el sentido de que el acusado no haya actuado intencionadamente a sabiendas de que esa omisión causaría la lesión pertinente. En los tribunales, la tendencia ha sido utilizar pruebas objetivas para determinar si, en circunstancias en las que no habría habido riesgo para la salud o el bienestar del acusado, éste debería haber actuado para evitar que una víctima concreta o una de una clase de víctimas potenciales sufriera una lesión previsible[1].

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3 S. Tofaris y S. Steele «Negligence Liability for Omissions and the Police» [2016] C.L.J. 128. Al igual que varios otros escritores sobre el tema, Tofaris y Steel definen el principio de omisiones de manera que incluye una lista de excepciones estándar. Su definición, que fue aprobada por Lord Kerr y Lady Hale en Michael es la siguiente: «[e]n el delito de negligencia, una persona A no tiene la obligación de tener cuidado para evitar que se produzca un daño a la persona B a través de una fuente de peligro no creada por A, a menos que (i) A haya asumido la responsabilidad de proteger a B de ese peligro, (ii) A haya hecho algo que impida a otro proteger a B de ese peligro, (iii) A tenga un nivel especial de control sobre esa fuente de peligro, o (iv) la condición de A haya creado una obligación de proteger a B de ese peligro». En este artículo, dado que deseo subrayar la separabilidad de las excepciones de la prohibición básica, utilizo la expresión «principio de omisión» para referirme únicamente a esta última.

11 Para que quede claro, no voy a defender que los tribunales deban imponer a las autoridades públicas deberes continuos con sus competencias y obligaciones de derecho público. De hecho, creo que deberían hacerlo, pero en este artículo, por razones de espacio, me limito al argumento expuesto en el texto anterior.