Ley de memoria democratica

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Tras la muerte de Franco en 1975, la transición española a la democracia vio nacer el Pacto del Olvido, en el que tanto los partidos de izquierda como de derecha de España decidieron evitar enfrentarse directamente al legado del franquismo. Debido al Pacto, no hubo juicios para las personas responsables de violaciones de los derechos humanos o crímenes similares cometidos durante el periodo franquista, los monumentos públicos franquistas siguieron en pie y la celebración del «Día de la Victoria» franquista se cambió por el «Día de las Fuerzas Armadas», celebrando a los partidos nacionalista y republicano de la Guerra Civil.

En 2007, el gobierno español aprobó la Ley de Memoria Histórica, que condenaba formalmente las represiones del Régimen de Franco y otorgaba ciertos derechos a las víctimas y a los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura fascista. Sin embargo, la ley suscitó críticas, con algunos en la izquierda argumentando que no va lo suficientemente lejos y con el Partido Popular conservador argumentando que estaba «utilizando la Guerra Civil como argumento de propaganda política»[3].

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El Gobierno español ha aprobado un nuevo proyecto de ley de «Memoria Democrática» para abordar el legado de la dictadura franquista de 1939 a 1975 y la Guerra Civil española que la precedió, con diversas medidas para honrar a quienes sufrieron persecución o violencia.

La «Ley de Memoria Democrática» se someterá ahora a votación en el Congreso de los Diputados, y es probable que reavive el debate sobre la libertad de expresión y la imagen del régimen franquista, una cuestión que sigue provocando fuertes emociones entre muchos españoles.

14 años después de que España aprobara su primera ley de «Memoria Histórica» (2007), el Gobierno pretende ahora eliminar las lagunas y abarcar un mayor número de víctimas y delitos relacionados con el franquismo. También promoverá activamente la búsqueda y exhumación de víctimas enterradas en fosas comunes.  Con la ley de 2007, el Estado sólo proporcionaba asistencia para ayudar a las familias a localizar a sus familiares enterrados en fosas comunes.

Con la nueva ley, el gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Podemos quiere prohibir las expresiones de apoyo a la dictadura de Franco, o a cualquiera que «ensalce el golpe (de Franco) y la dictadura o ensalce a sus dirigentes, denigrando y rebajando la dignidad de las víctimas del golpe, de la Guerra Civil o del franquismo».  Si se convierte en ley, el proyecto creará dos días oficiales de recuerdo a las víctimas y a los exiliados, y se creará un registro oficial de las víctimas.

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Sean Lang no trabaja, asesora, posee acciones o recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo, y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico.

Si llega a España este verano, cuide su lengua. Una palabra descuidada que pueda interpretarse como simpatizante del general Francisco Franco, que gobernó España desde su victoria en la guerra civil del país (1936-9) hasta su muerte en 1975, podría acarrearle una fuerte multa.

La propuesta de ley de memoria democrática, que honrará a las personas que sufrieron la dictadura fascista en España, también prevé sanciones para quienes la recuerden con cariño. Las sanciones van desde los 200 euros (170 libras), por una expresión casual de admiración por el dictador, hasta los 150.000 euros si se destruyen las pruebas de las fosas excavadas para sus víctimas.

Esta es la última de una serie de medidas adoptadas por los Estados europeos para prohibir la expresión de opiniones históricas inconvenientes o desagradables. Polonia, por ejemplo, ha penalizado cualquier referencia a los campos de exterminio nazis en suelo polaco, como Auschwitz, como «campos de exterminio polacos». También se puede caer en la ley por sugerir que los polacos apoyaron o ayudaron a la persecución nazi de los judíos. Todo esto, a pesar de que el antisemitismo estaba muy extendido en Polonia en la época de la invasión alemana, un

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«Reconocemos a los que están en fosas comunes, aún sin identificar, y el enorme sufrimiento que ha provocado esta situación impropia de una democracia». Así afirmó la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, después de que la coalición socialista-Unidas Podemos aprobara un nuevo proyecto de ley que busca la reparación histórica de las víctimas del dictador fascista Francisco Franco.

Al final de la Guerra Civil española (1936-39), unos 150.000 republicanos habían sido asesinados por el terror franquista; otros 20.000 prisioneros fueron ejecutados inmediatamente después de la victoria de los nacionalistas. Sin embargo, tras la refundación de la democracia española en la década de 1970 con un «pacto de olvido» y una amnistía bipartita, no fue hasta principios de la década de 2000, con la proliferación de grupos de memoria histórica de base, cuando se dio un impulso para que el país abordara este oscuro capítulo de su historia.

La respuesta institucional, sin embargo, no ha estado a la altura ni siquiera de las normas internacionales básicas de justicia transicional. De hecho, una ley de memoria histórica de 2007, aprobada bajo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su administración socialista, fue muy criticada por el relator especial de la ONU sobre la memoria histórica por no ir lo suficientemente lejos en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.