Llei de transitorietat juridica

ley de transición jurídica y fundación de la república

La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 8 de septiembre de 2017 con 71 votos a favor (de 135) de la coalición gobernante JxSí y la CUP-CC representada por 72 escaños y un 47,8% del apoyo del voto social y superando el consenso previo del marco del Estatut y la Constitución Española; el partido de la oposición de izquierdas CSQP votó en contra y el resto de partidos de la oposición abandonaron la cámara antes de la votación lo que representó una oposición de 63 escaños incluso un 48,05% del voto social[7].

fets octubre 2017

En total, la Ley de Transitoriedad la forman 89 artículos y tres disposiciones finales. El articulado preveía aspectos como amnistiar a los condenados o investigados por proceso soberanista -en su caso por corrupción, según la CUP-, que el presidente de la Generalitat siguiera el cap d’Estat o permitiera a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

Siguiendo en la estructura judicial, el articulado contempla que siga el Parlamento y no el Gobierno que nombra el Fiscal general de Cataluña; se crean instituciones judiciales como la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, similar al Consejo General del Poder Judicial; se elimina la jurisdicción militar; y jueces, magistrados, abogados y fiscales podrán seguir en sus puestos, si no renuncian.

uno de octubre

Los pilares fundamentales del nuevo estado, según la mayoría independentista, han de ser definidos en el marco del proceso constituyente. Estas son las cláusulas del contingente de la ley de transitoriedad jurídica:

La norma asume los derechos fundamentales de la Constitución y los reconoce en el convenio de derechos humanos de la Unión Europea. En este sentido, Benet Salellas ha destacado que se amplían estos derechos y que los que hay no son reclamables ante el tribunal sí que lo serán en caso de que entre en vigor la ley de transitoriedad jurídica. Sería el caso, ha dicho, del derecho al hábitat.

La ley de transitoriedad jurídica preveía la sucesión de ordenamientos y la subrogación de contratos. Es decir, se establece qué instituciones desarrollarán las funciones que se dan a las administraciones públicas en el marco del territorio de Cataluña.

La actual estructura del sistema jurídico se mantiene, y también se mantienen los actuales cargos y puestos con sus respectivas retribuciones. Este nuevo sistema judicial está gobernado por una sala del Tribunal Supremo que desarrolla las funciones que lleva a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una comisión mixta con los miembros de la consejería de Justicia.

república catalana (2017)

También ha alertado de que la ley de transitoriedad supera la anulación de la Constitución y el Estatuto, y que «trenca la separación de poderes y sotmet el poder judicial a la ejecución», igual que cree que se produjo en Venecia.

Además, ha criticado que en el proceso constituyente que preveía la ley de transitoriedad «la ubicación de la soberanía constituyente no residía en las ciudades libres e iguales, sino en un entramado de instituciones lideradas por la ANC».

Preguntado por las conclusiones de la comisión de investigación de la operación Cataluña que se aprueban estos días, ha destacado que la comisión y sus conclusiones «están desvirtuadas» después de que Cs, PSC y PP abandonaran la comisión.