La administración pública en el ordenamiento jurídico español tipología de los entes

La administración pública en el ordenamiento jurídico español tipología de los entes

El sistema judicial español

La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.

La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.

La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).

Tribunal supremo de españa

La Administración Pública española sirve con objetividad al interés general de los ciudadanos españoles. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley.

A continuación se enumeran algunos de los organismos españoles con los que puede tener contacto directo mientras esté de visita o resida en España, y que dependen de los Ministerios correspondientes en todo lo relativo a aspectos patrimoniales, financiación presupuestaria y control de gestión.

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tienen derecho a una indemnización por los daños que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo que éstos hayan sido causados por fuerza mayor, siempre que dichos daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (por ejemplo, en caso de negligencia médica).

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La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.

La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.

La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).

Tribunal supremo de españa

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de mayor eficiencia y eliminar las duplicidades que le afectan y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, realizó 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva requiere de unas administraciones públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y a las empresas. En la misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la acción administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Esta convicción se inspira en lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía.