Derechos de los ciudadanos

Directiva sobre derechos de los ciudadanos

En el Reino Unido, los derechos humanos están protegidos por la Ley de Derechos Humanos de 1998. Las autoridades públicas, como los ayuntamientos o el Servicio Nacional de Salud, deben cumplir esta ley. Si una autoridad pública ha vulnerado tus derechos humanos, puedes emprender acciones en virtud de la Ley.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos protege los derechos humanos de las personas en los países que pertenecen al Consejo de Europa. Esto incluye al Reino Unido.    El Consejo de Europa es diferente de la Unión Europea.

Una autoridad pública es una organización que desempeña funciones públicas. Puede ser una organización del sector público, como un hospital, un departamento gubernamental o los tribunales. Las organizaciones privadas o de beneficencia que desempeñan funciones públicas también son autoridades públicas; por ejemplo, las prisiones privadas.

Las autoridades públicas deben cumplir la Ley de Derechos Humanos en todo lo que hacen. Deben respetar y proteger sus derechos humanos cuando toman decisiones individuales sobre usted. También deben respetar la Ley de Derechos Humanos cuando planifican servicios y elaboran políticas.

Derechos de los ciudadanos británicos

Protegemos los derechos de los ciudadanos de la UE y la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en el Reino Unido y Gibraltar. Para ello, supervisamos los organismos públicos del Reino Unido para asegurarnos de que aplican los derechos de estos ciudadanos e identificamos cualquier problema subyacente. Somos independientes del gobierno y nuestro trabajo es profesional e imparcial.

Los ciudadanos de la UE y del EEE-AELC tienen derecho a recibir un trato justo en el Reino Unido y Gibraltar. Si no ha recibido un trato justo, comuníquenoslo. A partir del final del periodo de transición, puede presentar su queja en línea. El IMA es independiente e imparcial.

Derechos y responsabilidades de los ciudadanos

Hoy se ha celebrado la séptima reunión del Comité Especializado en Derechos de los Ciudadanos, copresidida por funcionarios del Gobierno británico y de la Comisión Europea. También asistieron varios representantes de los Estados miembros de la UE. El Comité ha sido creado por el Acuerdo de Retirada para supervisar la implementación y aplicación de la parte de los derechos de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada, que protege a los nacionales del Reino Unido en la UE y a los ciudadanos de la UE en el Reino Unido, incluidos los miembros de sus familias.

El Reino Unido y la UE debatieron la aplicación de la parte de los derechos de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada, prestando atención al final del período de gracia en el Reino Unido, Francia, Malta, Luxemburgo y Letonia el 30 de junio de 2021. El Comité hace un llamamiento a los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y a los nacionales británicos en la UE para que lo soliciten antes de la fecha límite si aún no lo han hecho. Ambas partes destacaron la importancia de seguir proporcionando comunicaciones claras antes de la fecha límite para las solicitudes, cuando se requiera una solicitud de un nuevo estatus de residencia

Derechos de los ciudadanos de la ue

El Acuerdo de Retirada garantiza a estos ciudadanos y a los miembros de sus familias en líneas generales los mismos derechos que tenían antes de que el Reino Unido se retirara de la UE: pueden seguir viviendo, estudiando, trabajando y viajando libremente entre el Reino Unido y la UE.

También protege a los miembros de la familia que tienen derechos en virtud de la legislación de la UE (como los actuales cónyuges y parejas registradas, padres, abuelos, hijos, nietos y una persona con una relación duradera existente) para que se reúnan con su familiar en el futuro.

Los niños estarán protegidos por el Acuerdo de Retirada, independientemente de dónde hayan nacido, antes o después de la retirada del Reino Unido de la UE, o de si han nacido dentro o fuera del Estado de acogida donde reside el ciudadano de la UE o el nacional del Reino Unido.

El Acuerdo de Retirada protege a todos aquellos ciudadanos de la UE que, al final del periodo de transición, se encontraban en una situación que implicaba tanto al Reino Unido como a un Estado miembro a la vez. Los miembros de sus familias y sus supervivientes también están protegidos.

El Acuerdo de Retirada no exige la presencia física en el Estado de acogida al final del periodo de transición: se aceptan las ausencias temporales que no afectan al derecho de residencia y las ausencias más largas que no afectan al derecho de residencia permanente.