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4El perfil de la industria agroalimentaria regional presenta la baja productividad y la atomización empresarial ya señaladas; la concentración sectorial (en torno a cinco ramas: productos cárnicos, panes y bollería, productos lácteos, azúcar, cacao y chocolate, y alimentación animal); la elevada inversión de capital extranjero; el progresivo comportamiento de las exportaciones; y la polarización espacial (con las provincias de Burgos y Valladolid a la cabeza). Este alto grado de dispersión espacial es especialmente evidente a nivel local, con un gran número de empresas muy pequeñas que no pueden alcanzar una masa crítica debido a la escasa población consumidora de los pueblos de alrededor. También es destacable la presencia de la industria agroalimentaria en los municipios mayores, pero de hecho, no hay muchos municipios de más de 2.000 habitantes que soporten una especialización en industria agroalimentaria suficiente para impregnar la estructura económica local en su conjunto. En este sentido, la posición destacada de las principales localidades de varios sistemas productivos locales endógenos (SPL) en Castilla y León son una prueba de la correlación entre los procesos de emergencia y consolidación de experiencias de desarrollo local en áreas no urbanas y la fortaleza de la industria agroalimentaria (ya sea sola o combinada con otras actividades agroindustriales).

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Dos pájaros

El autogobierno de Castilla y León, según el marco constitucional, tiene como referencia el Estatuto de Autonomía, pero ya antes de la actual Constitución existía la voluntad de crear un órgano territorial con singularidad propia. Este interés se hizo realidad en junio de 1978 con la creación del Consejo General de Castilla y León que actuaría hasta su sustitución por las instituciones del Estatuto de Autonomía.

Al frente de cada consejería del gobierno regional hay un consejero, que es nombrado y cesado por el Presidente. Cada ministerio se divide en Direcciones Generales que coordinan y gestionan los servicios administrativos. Además, cada ministerio tiene un Secretario General y de él pueden depender diferentes organismos autonómicos y empresas públicas.