Articulo 161 constitucion española

La constitución española en filipinas

El autor agradece a la profesora Ana Mercedes López Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y profesora asociada de Derecho Privado de la Universidad Loyola Andalucía, sus útiles sugerencias.

La Guerra de la Independencia suscitó un nuevo sentimiento de nacionalismo español e impulsó un esfuerzo por acabar con la monarquía absoluta del país. En 1810, las Cortes se reunieron en la ciudad de Cádiz para abordar la situación política del país y redactar la primera Constitución de España (la «Constitución de Cádiz»). Entre otras estipulaciones, la Constitución de Cádiz (aprobada el 19 de marzo de 1812) exigía la codificación del derecho privado español[3] Sin embargo, la larga tradición de derecho foral del país dificultó los intentos de crear un código civil unificado; hasta 1889 no entró en vigor el primer código civil español[4]. [Este código, muy influenciado por el Código Napoleón de Francia, «sistematizó el derecho civil español preservando el uso de las leyes forales»[5] Aunque fue modificado y reformado a lo largo de los años, el código civil de 1889 sigue vigente.

Constitución de cuba

(3) El Estado podrá negociar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan especiales vínculos con España. En estos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque esos países no concedan un derecho recíproco a sus propios ciudadanos. (Art. 11)

b) El recurso de amparo individual contra la violación de los derechos y libertades recogidos en el apartado 2 del artículo 53 de la Constitución, en los supuestos y forma que establezca la ley.

(2) El Gobierno podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y acuerdos adoptados por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que producirá la suspensión de las disposiciones o acuerdos impugnados, pero el Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión, según el caso, en un plazo no superior a cinco meses. (Art. 161)

a) Interponer recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma y, en su caso, su Asamblea.

Resumen de la constitución española de 1978

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado («Ley de Garantía de la Unidad de Mercado») se basa principalmente en dos principios básicos: i) la unidad de mercado española, para garantizar el principio de libre circulación de bienes y servicios; y ii) la búsqueda de una progresiva desregulación administrativa, que impida a las administraciones obstaculizar la citada libertad de circulación.

Una de las piedras angulares de esta Ley fue el conocido como principio de «licencia única», en virtud del cual los operadores económicos podían prestar sus servicios, y sus productos podían circular y comercializarse libremente fuera de los territorios de origen, siempre que el territorio de destino pudiera aceptar la plena validez de los requisitos, calificaciones, inspecciones previas o garantías del territorio de origen, incluso cuando éstos no existieran (artículo 19). Este principio se definió en el artículo siguiente al referirse a la eficacia de las actuaciones de una autoridad competente en el conjunto del territorio (artículo 20) en relación, de forma no exhaustiva, con todos los «medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso t

Constitución española de 1931

La Comunidad Valenciana surgió como resultado de la manifestación de la autonomía de los pueblos de las provincias valencianas, tras la etapa preautonómica, a la que se accedió mediante el Real Decreto-Ley 10/1978, de creación del Consell del País Valenciano.

Aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición valenciana procedente del histórico Reino de Valencia se encontró con la moderna concepción del País Valenciano y dio lugar a la autonomía valenciana, como integradora de las dos corrientes de opinión que enmarcan todo lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que alcanza.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, promulgado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, fue el resultado del consenso de las principales fuerzas políticas valencianas que querían recuperar el autogobierno de nuestro pueblo, haciendo uso del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad. Aunque la vía por la que el pueblo valenciano accedió a la autonomía fue una vía intermedia entre las de los artículos 143 y 151 de la Constitución, nuestro Estatuto ha garantizado, como norma institucional básica de la Comunidad Valenciana, la recuperación del autogobierno del pueblo valenciano y de sus instituciones, ejerciendo las competencias asumidas en el marco constitucional, como corresponde a su condición de nacionalidad histórica.