Multas estado de alarma nulas

El alto tribunal español covid

MADRID – El primer Estado de Alarma en España duró casi 100 días (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020). Durante ese tiempo, se repartieron más de 1,1 millones de multas a ciudadanos que no cumplieron con las restricciones de la corona.

Diez meses después, el Gobierno español confirma que el 20% de las multas se han tramitado o se están tramitando. Según una respuesta parlamentaria del Ministerio de Política Territorial al partido EH Bildu, fechada el 24 de marzo de 2021, quedan pendientes 67.292 multas. Sin embargo, 161.702 ya han sido completadas. Esto hace un total de 228.994.

La web de noticias española 20Minutos tiene datos de que ya se han tramitado casi 60.000 multas en la comunidad autónoma de Andalucía. Le siguen Canarias (34.828) y Castilla y León (24.732). La Subdelegación del Gobierno de Madrid ha tramitado 5.614 multas.

Poco se sabe del 80% restante. Esto supone 913.133 multas que son responsabilidad de otras administraciones. Tampoco está claro si las multas no tramitadas prescribirán y serán declaradas nulas. Los abogados ya están advirtiendo que, en gran parte, puede ser así.

Decisiones del tribunal supremo en españa

La fiscal de Sala del Tribunal Supremo Dña. Consuelo Madrigal publicó el lunes 4 de mayo en el diario «El Mundo» un artículo titulado «La sociedad cautiva», en el que denuncia que «se trata de un ejercicio antidemocrático del poder, la imposición encubierta, (sin ningún control interno y europeo) de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos constitucionales, bajo la pretensión de la prolongación indebida del estado de alarma, que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de excepcionalidad y en la vuelta a la normalidad ya imposible».

En España, el Estado de Alarma declarado en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el Gobierno, ha venido a limitar y restringir severamente los derechos constitucionales específicos (ver artículo 7) como la libertad de circulación de las personas (amparada en el artículo 19 CE) por el territorio nacional.

Sin embargo, el citado Real Decreto no restringe ni limita el derecho a la vida y a la salud de las personas, ni mucho menos, priva a nuestros mayores (según el Gobierno aquellas personas de 60 años o más), de sus derechos humanos básicos inherentes.

Sentencia del tribunal constitucional español

En julio, el Tribunal Constitucional dictaminó que el primer estado de alarma era inconstitucional; aún no se ha pronunciado sobre el segundo. A raíz de esta sentencia, se creó el grupo. Está formado por las delegaciones del gobierno en las regiones, así como por la Agencia Tributaria y algunos ministerios.

Hasta mayo de este año, se habían registrado un total de 481.969 «propuestas de sanción». De ellas, 172.482 dieron lugar a una sanción. Andalucía era la que más propuestas de sanción tenía, 195.986, seguida de Madrid, con 184.517.

Debido a la «desproporcionada carga de trabajo», el Ministerio de Política Territorial anunció en mayo que agilizaba la tramitación de las multas. Había 235 funcionarios encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el procedimiento. En julio, la sentencia del tribunal puso fin a esta situación.

Multas estado de alarma nulas 2022

Existe una legislación general para todo el territorio español y una legislación específica para cada Comunidad Autónoma, que sólo se aplica a ese territorio.    Además, hay que añadir algunas normas por sectores y la legislación de la Unión Europea.

La nueva actualización de la Ley de Consumidores añadió una nueva categoría, la de «consumidores vulnerables», referida a los individuos que, individual o colectivamente, por sus características, necesidades o circunstancias personales, y económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o tienen una desprotección que les impide ejercer sus derechos como consumidores en igualdad de condiciones.

Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos exigidos por la legislación nacional, o por las Comunidades Autónomas que cuenten con legislación autonómica, son las encargadas de defender los legítimos derechos e intereses de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien con carácter general, bien en relación con determinados productos o servicios.    También son los únicos autorizados a actuar en nombre y representación de los consumidores y usuarios.