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La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.

La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.

La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).

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Cora se encuentra en una acera pública y critica el plan de salud del presidente Obama. Aunque otros individuos puedan sentirse molestos por las palabras de Cora, el gobierno no puede detener o procesar penalmente a Cora por su discurso porque la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. garantiza a cada individuo el derecho a hablar libremente. Por otro lado, si Cora entra en unos grandes almacenes Macy’s y critica a su propietario, Macy’s podría expulsar a Cora inmediatamente. Macy’s y su personal son privados, no gubernamentales, y no tienen que acatar la Constitución.

Tanto la constitución federal como la estatal están escritas con palabras que pueden ser objeto de más de una interpretación. Por lo tanto, hay muchas excepciones a las protecciones de cualquier constitución. Las protecciones y excepciones constitucionales se analizan en detalle en el capítulo 3 «Protecciones constitucionales».

Por razones de seguridad, vemos más excepciones a las protecciones constitucionales en las escuelas públicas y las prisiones. Por ejemplo, las escuelas públicas y las prisiones pueden imponer un determinado estilo de vestir con el fin de garantizar la seguridad. Técnicamente, obligar a una persona a vestir de una manera específica podría violar el derecho a la autoexpresión, que garantiza la Primera Enmienda. Sin embargo, si llevar un uniforme puede reducir los conflictos relacionados con las bandas en la escuela y evitar que los presos se escapen con éxito, el gobierno puede suprimir constitucionalmente la libertad de expresión en estos lugares.

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La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

El Título VI de la Constitución está dedicado al poder judicial, y el artículo 117 establece que el principio de unidad del poder judicial es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.

Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según criterios de determinación de la competencia -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no excluye la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia.

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Estado se divide territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas, ejerciendo la jurisdicción sobre ellos los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y los Juzgados de Menores, las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Juzgados Centrales de Instrucción y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo son competentes en todo el territorio nacional.

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La Administración Pública española sirve con objetividad al interés general de los ciudadanos españoles. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley.

A continuación se enumeran algunos de los organismos españoles con los que puede tener contacto directo mientras esté de visita o resida en España, y que dependen de los Ministerios correspondientes en todo lo relativo a aspectos patrimoniales, financiación presupuestaria y control de gestión.

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tienen derecho a una indemnización por los daños que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo que éstos hayan sido causados por fuerza mayor, siempre que dichos daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (por ejemplo, en caso de negligencia médica).