Sentencia tribunal constitucional plusvalia

Impuesto municipal españa

El Gobierno central apuró este nuevo sistema ya que la Plusvalía es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos: desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre, los ayuntamientos no pueden cobrar este impuesto.

El Real Decreto que lo regula ofrece dos opciones a la hora de pagar su Plusvalía: se puede calcular la diferencia entre el precio pagado al adquirir el inmueble y el precio al venderlo; o bien se pueden utilizar los nuevos coeficientes catastrales, que se actualizarán anualmente.

Plusvalía en inglés

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este artículo se refiere al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como «plusvalía municipal»). Puede leer la sentencia completa en español aquí.

Según el Tribunal Constitucional, este impuesto se considera confiscatorio cuando su importe es superior a la plusvalía, calculada no sólo sobre el precio de venta, sino incluyendo todos los gastos ocasionados para llevar a cabo dicha venta (notario, registro, etc.).

El órgano judicial destaca que en el caso que se plantea en esta cuestión de inconstitucionalidad se manifiesta una diferencia neta entre el precio de adquisición y el precio de transmisión de 3.473,90 euros y, sin embargo, se atribuye un incremento de valor derivado de la aplicación de la normativa fiscal de 17.800,12 euros, con una cuota a pagar de 3.560,02 euros -superior al incremento real obtenido-.

El órgano judicial considera que si hay un incremento de valor real por la transmisión de terrenos y el canon a pagar es superior a dicho incremento, se habría producido una «expropiación de hecho», que podría ser confiscatoria.

El impuesto británico sobre las rentas de alquiler en españa

En este sentido, los fundamentos de la sentencia no difieren mucho de lo que hemos expuesto anteriormente, declarándose la inconstitucionalidad y revocación del método de cálculo de la base imponible, ya que dicho método establecía que siempre existía un incremento del valor de los terrenos durante el periodo de tenencia, con independencia de la existencia y cuantía real de dicho incremento.

Ello, sin embargo, no niega la posibilidad de impugnar las liquidaciones y autoliquidaciones del impuesto por motivos distintos a la inconstitucionalidad definida en la sentencia, por ejemplo, en el caso de que no exista plusvalía sobre el valor del suelo del inmueble transmitido, o cuando la plusvalía sobre el valor del suelo derivada de la transmisión del inmueble, sea inferior a la cuantía del impuesto.

Apenas dos semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, que declaró inconstitucional y nulo el método de cálculo de la base del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como Impuesto sobre la Plusvalía Municipal), dado que determinaba que siempre se había producido un incremento del valor del terreno durante el periodo de titularidad, con independencia de la existencia y cuantía real de dicho incremento, el Gobierno reaccionó, motivado por la vital importancia que los ingresos de este impuesto tienen para las entidades locales.

Plusvalía andaluza

Desde principios de 2020, Malasia ha experimentado un extraordinario período de inestabilidad política que ha puesto a prueba muchas normas constitucionales hasta el límite y quizás más allá del límite. Aspectos de esta inestabilidad han sido discutidos por nosotros en este blog anteriormente[1].

En esta ocasión nos complace informar de una evolución más positiva que apunta a un periodo de relativa estabilidad y que, además, indica la probabilidad de que se produzcan importantes reformas centradas en las instituciones parlamentarias. Este cambio de suerte se debe a la firma, el 13 de septiembre de 2021, de un Memorando de Entendimiento («MOU») entre el gobierno federal y la coalición de oposición Pakatan Harapan (PH).

El ACB requiere un balance exhaustivo, pero no necesariamente una cuantificación de valores, que ambas respuestas consideran inverosímil y sin sentido. Como los profs. Caviedes y Urbina, podríamos haber aclarado que por ACB nos referimos de forma muy general al tipo de procedimiento de toma de decisiones racional, consecuencialista y reflexivo. La superioridad crítica del ACB sobre el PP, como hemos argumentado en el ensayo original, es que el ACB permite a los responsables de la toma de decisiones «equilibrar todas las consideraciones relevantes», que es lo que muchos defensores creen que hace el PP (no lo hace). La principal ventaja de tomar decisiones identificando primero todos los pros y los contras imaginables (con o sin cuantificación) es que ese procedimiento ayuda a superar la tendencia humana de atender sólo a un subconjunto de factores relevantes cuando se toman decisiones difíciles. Un procedimiento de decisión estructurado como el PP, tal y como hemos explicado, refuerza exactamente esa tendencia y, como resultado, es un ACB paralizado y poco inclusivo.