Sentencia 241 de 2013 del tribunal supremo

juez mathis – caso más memorable

Como no hay testigos oculares en el presente caso, nos inclinamos por examinar las pruebas circunstanciales. El principio de las pruebas circunstanciales para demostrar la culpabilidad de un acusado es que la acusación tiene que probar las pruebas circunstanciales más allá de toda duda razonable y la cadena de circunstancias debe ser convincente y coherente para demostrar que el acusado es compatible con las circunstancias. Si se analizan las pruebas, podemos encontrar la cadena de circunstancias que vinculan un hecho con otro sobre la complicidad del condenado. La primera cadena fue llevar al fallecido por el recurrente hacia la casa del informante, el padre del fallecido. La segunda cadena fue el llamado secuestro del fallecido bajo la custodia del recurrente, pero éste no dio ninguna alarma después del secuestro. La tercera cadena fue no informar al informante y a la comisaría de policía sobre el secuestro, la violación y el asesinato de la fallecida delante del recurrente. La cuarta cadena fue que el recurrente tenía un aspecto pálido y sospechoso después del suceso, tal y como narraron los testigos 1 y 2. Encontramos la consistencia en cuanto a la implicación del convicto-apelante Anowar Hossain en lo que respecta a la cadena de circunstancias revelada en el presente caso.

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El demandante solicita una prórroga para presentar un recurso contra un auto de derecho de familia dictado en 2015. También solicita que se prohíba su publicación y que se retire del acceso público la resolución que se dicta a continuación. Fallo: se desestima el recurso. Esta solicitud representa un retraso desmesurado e injustificado. Causaría un importante perjuicio a la parte demandada. El recurso tiene poco fundamento y no sería en interés de la justicia conceder la prórroga. Las órdenes de privacidad auxiliares no se encuentran propiamente ante este Tribunal.

Se desestiman dos solicitudes de revisión de dos autos de un juez único, en dos recursos distintos, un tercer recurso de apelación contra un auto que desestima una solicitud de modificación de un auto dictado después del juicio por alimentos para el cónyuge, y una solicitud de aportación de nuevas pruebas. Los tres recursos tienen su origen en la misma demanda presentada ante el Tribunal Supremo de la Columbia Británica. Las nuevas pruebas que se pretenden aportar se presentaron ante el juez de primera instancia y, por tanto, no son nuevas pruebas. Además, su utilización en las dos audiencias posteriores al juicio que condujeron a la segunda y tercera apelación presentadas equivaldría a un ataque colateral a las conclusiones de hecho realizadas por el juez de primera instancia, una utilización indebida al margen de una apelación del auto de primera instancia. La primera solicitud de revisión de un auto del juez único se refiere a la apelación del auto de primera instancia iniciada tres años después del juicio. No existe ningún fundamento para modificar su auto por el que se desestima la solicitud del recurrente de ampliar el plazo de recurso. Asimismo, no se ha establecido ningún fundamento para modificar el auto de un juez único por el que se deniega la reposición del segundo recurso de casación, que fue desestimado administrativamente por no haber avanzado en la apelación. Se desestima el tercer recurso de casación, ya que no se ha demostrado ningún error en la denegación por parte del juez de una solicitud de modificación del auto de primera instancia sobre la base de escritos.

tribunal superior de allahabad ने shiksha mitra पर दिया बड़ा फैसला, जल्द

Recurrió ante el Tribunal Superior tanto la condena como la sentencia.    El recurso contra la condena se basó en cuatro motivos.    El primer motivo era que la magistrada de primera instancia se equivocó al condenar al recurrente a la luz del hecho de que el recurrente dio una versión de los hechos que era razonablemente posible que fuera cierta y que no se demostró que fuera falsa por las pruebas aportadas durante el juicio.

El segundo motivo era que el magistrado de primera instancia parecía haber confiado demasiado en la edad de la denunciante y en el hecho de que se quebró durante su testimonio. El tercer motivo era que el magistrado de primera instancia no debería haber confiado en el informe médico para tomar la decisión de condenar.    El cuarto motivo fue que el magistrado de primera instancia ignoró el hecho de que, además de la palabra de la demandante, no se aportó ninguna otra prueba aceptable para demostrar que el recurrente había violado a la demandante.

El recurso de apelación contra la sentencia se basaba en que la sentencia era indebidamente dura e inducía una sensación de shock.    La alegación era que la magistrada se equivocó en la evaluación de la sentencia al dar menos importancia a las circunstancias personales del recurrente, en particular el hecho de que fuera un delincuente juvenil de 18 años en el momento de cometer el delito.

gill v. whitford [scotusbrief]

En los últimos años desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado un gran número de iniciativas que regulan diferentes aspectos de los préstamos hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar los problemas sociales de las ejecuciones hipotecarias y de la vivienda, agravados por la crisis económica que ha atravesado España. La normativa de la Unión Europea para la Protección de los Consumidores y los pronunciamientos de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han servido también para que la legislación española haya avanzado. significativamente en este campo.

Siguiendo esta línea, el actual decreto-ley pretende avanzar en las medidas encaminadas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que se celebre un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria para resolver los conflictos que puedan surgir como consecuencia de las últimas resoluciones judiciales sobre cláusulas suelo y, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-1 5 4/15, C-307/15 y C-308/15.