Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal 2015

Legislación sobre justicia

Desde entonces hasta ahora, hemos asistido a dos etapas diferentes. La primera etapa está representada por la propuesta de la Comisión de 2004 de una Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, que no prosperó porque los Estados miembros no pudieron llegar a un acuerdo en el Consejo.2 Tras el fracaso de esta propuesta, se inició un nuevo curso en la materia a través de la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales.3 A diferencia de la propuesta de 2004, el plan de trabajo prefirió abordar cada una de las garantías procesales por separado, en función de su importancia y complejidad, con el pretexto de otorgar a cada una de ellas un valor añadido.4 Como resultado de este plan de trabajo, se adoptaron un total de seis Directivas. Sin embargo, las tres primeras Directivas se adoptaron en el período 2010-2013; un segundo período de desarrollo culminó con la publicación de otras tres Directivas en 2016. Hay un aspecto del Plan de trabajo que aún no se ha retomado, a saber, el relativo a la detención y la prisión provisional (medida f) del Plan de trabajo).

Legislación reciente

Esta publicación está autorizada bajo los términos de la Licencia de Gobierno Abierto v3.0, salvo que se indique lo contrario. Para consultar esta licencia, visite nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 o escriba al Information Policy Team, The National Archives, Kew, Londres TW9 4DU, o envíe un correo electrónico a: psi@nationalarchives.gov.uk.

La evolución de los casos penales en el sistema judicial depende en gran medida de la transmisión de documentos entre los organismos de justicia penal y el abogado defensor. La transferencia de documentos de esta manera puede ser lenta y a menudo costosa. También hay una importante duplicación de información y trabajo administrativo.

En julio de 2012 publicamos el Libro Blanco «Justicia rápida y segura: Los planes del Gobierno para la reforma del sistema de justicia penal’. El documento establece el programa de reformas del gobierno para el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales. Forma parte de un programa mucho más amplio de reforma de la delincuencia y la justicia.

El documento «Castigo y reforma: servicios eficaces de libertad condicional» presentaba propuestas para reformar la libertad condicional con el fin de proteger al público, reducir la reincidencia y garantizar que los delincuentes sean debidamente castigados. La respuesta se publicó el 9 de enero de 2013.

Nuevas leyes aprobadas en 2020

Las leyes que entraron en vigor el 1 de noviembre de 2017 insertan nuevos delitos en la Parte IIIA de la Ley de Drogas, Venenos y Sustancias Controladas de 1981 (Enlace externo). Las nuevas disposiciones tipifican como delito la producción, la venta, el suministro en el ejercicio de una actividad comercial o la publicidad de sustancias psicoactivas.

El gobierno introdujo las nuevas leyes sobre sustancias psicoactivas para atacar específicamente las nuevas drogas sintéticas, que se desarrollan para imitar los efectos de otras drogas ilícitas de dependencia como el cannabis y el MDMA (también conocido comúnmente como éxtasis). Aunque muchas drogas sintéticas o clases de drogas ya están prohibidas como drogas ilícitas de dependencia, la diversidad de sustancias disponibles y la rapidez con la que se desarrollan nuevas drogas hacen que los controles existentes -que se aplican a sustancias específicas en función de su composición química- sigan estando un paso por detrás de los responsables de su producción y suministro en Victoria.

La Ley de Modificación de los Delitos (Delitos Sexuales) de 2016 (enlace externo) (la Ley) se basa en las importantes reformas de las leyes sobre violación y agresión sexual contenidas en la Ley de Modificación de los Delitos (Delitos Sexuales y Otros Asuntos) de 2014 (enlace externo). La Ley introduce nuevas reformas en los delitos sexuales generales de la subdivisión (8A) de la Ley de delitos de 1958 (enlace externo), así como importantes reformas en otras subdivisiones de delitos sexuales.

Legislación del departamento de justicia

Perú lleva más de diez años trabajando en reformas judiciales fundamentales. En 2004 se promulgó una nueva ley procesal penal, seguida de un nuevo código procesal laboral. Los juicios orales son la base de ambos códigos.

También se puso en marcha una reforma de la administración del Estado. Sin embargo, los criterios de calidad acordes con el Estado de Derecho aún no se aplican de forma coherente en todos los ámbitos, ni en el proceso legislativo ni en la administración de la ley.

La duración media de los procesos se ha reducido de 600 a 200 días gracias a las reformas del sistema de justicia penal. El porcentaje de presos en espera de juicio también se ha reducido de más del 70% a menos del 50% del total de presos. Se han introducido por primera vez normas de rendimiento para los jueces.

La introducción de nuevos programas informáticos ha facilitado la obtención de información y la investigación de la corrupción. El apoyo al proyecto ayudó a mejorar la estructura organizativa de la Procuraduría, que representa al Estado en todos los delitos de corrupción. El Fiscal General ha creado una unidad nacional para perseguir los delitos de corrupción.