Real decretoley

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Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

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Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

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El 12 de mayo de 2021, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que garantiza los derechos laborales de las personas que realizan entregas para plataformas digitales (RDL 9/2021 o Ley Riders), que entrará en vigor el 12 de agosto de 2021.

La Ley Riders ha introducido una serie de importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre (el ET) y ha promulgado el contenido del acuerdo alcanzado el 10 de marzo de este año por el Ministerio de Empleo y Economía Social, los sindicatos y las asociaciones empresariales.

El objetivo específico del RDL 9/2021 es doble: (i) regular la relación laboral existente en el ámbito del suministro para plataformas digitales, y (ii) regular el derecho de los representantes de los trabajadores a la información en un entorno laboral digitalizado.

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¿cómo se llama un decreto real?

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la vía parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.