Real decreto estado de alarma

covid-19

La pandemia en la que nos encontramos nos golpea a todos con fuerza. A pesar de ello y tal y como dicta el Real Decreto Ley 10/2020, TELNET REDES INTELIGENTES sigue desarrollando su actividad como parte del sector de las Telecomunicaciones.

Hemos reforzado nuestros protocolos de seguridad para garantizar la seguridad y salud de nuestros empleados (distancias de seguridad, uso de EPIs, teletrabajo, reuniones por videoconferencia, etc.). En la nueva situación que existe en nuestro país desde el 30 de marzo de 2020, TELNET REDES INTELIGENTES asume el reto de continuar con su actividad habitual manteniendo nuestro compromiso con la seguridad y la salud y nuestra contribución al sistema productivo y a la economía de España.

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Se prevé que las administraciones regionales y municipales conserven las facultades que les confiere la legislación vigente en la «gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que consideren necesarias en el marco de las órdenes directas de la Autoridad Competente a efectos del estado de alarma» ( art. 6).

El art. 7 del Real Decreto establece una «limitación» a la libertad de circulación de las personas (garantizada por el art. 17 de la Constitución). Según el mismo, los ciudadanos sólo pueden circular por las vías de uso público para realizar determinadas actividades, fundamentalmente (al margen de causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad) para satisfacer sus necesidades básicas, desplazarse al lugar de trabajo para realizar su prestación laboral, profesional o empresarial y regresar al lugar de residencia habitual.

Además, se prevén ciertas obligaciones para los «operadores críticos de servicios esenciales» (art. 18: adopción de medidas para garantizar la prestación de dichos servicios, incluso por parte de operadores no críticos si son imprescindibles para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales; no se definen los servicios que deben considerarse esenciales) y para los «medios de comunicación públicos y privados» (art. 19: obligación de insertar los mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades delegadas competentes o las administraciones autonómicas y locales consideren necesario emitir).

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El Gobierno, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, celebrada el 4 de diciembre de 2010, aprobó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio de transporte aéreo público esencial.

La declaración del estado de alarma se limitó, en cuanto a su alcance, a un sector objetivo y subjetivo muy concreto, que, a juicio del Gobierno, era el estrictamente necesario para restablecer la normalidad en la prestación de un servicio público esencial que es el del tráfico aéreo: los servicios de control de tránsito aéreo y los controladores de tránsito aéreo que prestan su actividad.

Dicho real decreto establecía, además, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que la duración del estado de alarma sería de quince días naturales a contar desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que tuvo lugar a las 12:30 horas del D

کون کون سے کاروبار کھولنے کی اجازت ہے؟ ¿qué actividad es

Durante el periodo de estado de alarma las personas sólo podrán utilizar las vías o espacios públicos para realizar las siguientes actividades, que se llevarán a cabo de forma individual, salvo que acompañen a personas con discapacidad, niños, ancianos, o se justifique lo contrario».

Se suspenden los plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.  Los plazos se reanudarán en el momento en que el real decreto pierda su actual vigencia o, en su caso, las prórrogas del mismo.La suspensión de plazos y la interrupción de los mismos se aplican a todo el sector público definido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPA).  Según su artículo 2 , el sector público comprende:

No obstante , el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de gestión e instrucción estrictamente necesarias para evitar un grave perjuicio a los derechos e intereses o