Principios del derecho administrativo sancionador español

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Hace unos días, el Congreso español aprobó por mayoría absoluta (179 votos) un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esta ley, si llega a promulgarse (lo que sin duda ocurrirá), dará al gobierno español amplios poderes para reprimir las manifestaciones pacíficas, por mencionar sólo una de las varias características inquietantes de lo que parece ser una pieza de «derecho administrativo del enemigo».

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una de las llamadas «leyes orgánicas». Según la Constitución Española (art. 81), son leyes orgánicas las que se refieren al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, establecen los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás leyes previstas en la Constitución. Para aprobarlas, modificarlas o derogarlas se requiere la mayoría absoluta del Congreso. El Senado tiene que decidir en los dos meses siguientes a la recepción del texto si lo veta o introduce enmiendas. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta (art. 91 de la Constitución española). Sin embargo, es probable que el texto sea aprobado sin cambios por el Senado, ya que la mayoría del Partido Popular en el Senado es la misma que en el Congreso.

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Dado que las disposiciones destinadas a prevenir o dificultar el blanqueo de capitales imponen básicamente obligaciones administrativas a las entidades financieras en materia de información y cooperación, ha parecido coherente y conforme a la Directiva limitar esta Ley al blanqueo de capitales procedentes de aquellas actividades ilícitas que suscitan una especial preocupación social y son más fácilmente identificables por las entidades financieras, como el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada.

Aunque dirigida principalmente a las personas e instituciones integrantes del sistema financiero que se mencionan en el artículo 2.1, la Ley se aplicará también a otras actividades profesionales o empresariales especialmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, tal y como se menciona en el artículo 2.2. Además, teniendo en cuenta las limitaciones que el principio de territorialidad impone a la eficacia de las disposiciones, esta Ley obliga a las entidades españolas a establecer procedimientos internos para la prevención del blanqueo de capitales en sus sucursales y oficinas en el extranjero y, al mismo tiempo, encomienda a las autoridades españolas que recaben especialmente la cooperación de las autoridades de aquellos Estados cuya soberanía se extienda a territorios limítrofes con España.

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Idioma original Título: Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos por parte de las personas con discapacidad requiere que los poderes públicos y las distintas administraciones públicas tengan una orientación permanente y pongan en marcha mecanismos Estos son específicos para que puedan disfrutarlos con garantías y en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos. Los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal y diseño para todos, así como la transversalidad de las políticas de discapacidad y la participación a través del diálogo civil son la base para garantizar de forma efectiva el derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La regulación de las condiciones básicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal permitirá comprobar progresivamente en el tiempo el grado de cumplimiento y efectividad en el disfrute de los derechos por parte de las personas con discapacidad.

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La Constitución recoge en su Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el pleno sometimiento de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.

En el ordenamiento originario del anterior régimen autocrático, el Gobierno quedaba reducido al Órgano Superior en el que culmina la Administración del Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o extensión de la misma, con la que compartiría, en gran medida, su naturaleza administrativa. El artículo 97 de la Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, inspirado en el principio de legitimidad democrática. Quedan así claramente perfilados los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política del Gobierno.