Potestades de la administracion

Cuáles son los poderes de las agencias administrativas

El estado administrativo es un término utilizado para describir el fenómeno de las agencias administrativas del poder ejecutivo que ejercen el poder de crear, adjudicar y hacer cumplir sus propias normas. Cinco pilares son clave para entender los principales ámbitos de debate sobre la naturaleza y el alcance de la acción de las agencias administrativas: la no delegación, la deferencia judicial, el control del ejecutivo sobre las agencias, los derechos procesales y la dinámica de las agencias.

La deferencia judicial es uno de los cinco pilares clave para entender las principales áreas de debate sobre la naturaleza y el alcance del Estado administrativo. La deferencia judicial hacia las agencias administrativas es un principio de revisión judicial que se aplica cuando un tribunal se somete a la interpretación de una agencia, ya sea de una ley o de un reglamento promulgado por la agencia. En otras palabras, cuando se impugna una ley o un reglamento ante un tribunal, se mantiene la interpretación de la agencia si se considera razonable, aunque el tribunal prefiera una interpretación diferente.

El control ejecutivo de las agencias es uno de los cinco pilares clave para entender los principales ámbitos de debate sobre la naturaleza y el alcance del Estado administrativo. El control del ejecutivo se ejerce principalmente a través del poder de nombramiento y destitución, es decir, la autoridad de un ejecutivo para nombrar y destituir a los funcionarios de las distintas ramas del gobierno. En el contexto del gobierno federal, el presidente tiene la autoridad de nombrar a los funcionarios de los Estados Unidos, incluidos los jueces federales, los embajadores y los jefes de departamento del gabinete. Sin embargo, un debate académico en este ámbito se refiere al poder de destitución del presidente. El presidente está facultado para destituir a los funcionarios nombrados, pero los jefes de los organismos federales independientes sólo pueden ser destituidos por causa justificada. Otras áreas de debate académico exploradas en este ámbito incluyen las actividades de revisión regulatoria del ejecutivo, dirigidas a nivel federal, por ejemplo, por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca (OIRA), así como la autoridad del ejecutivo para reorganizar las agencias administrativas dentro del poder ejecutivo.

El poder en la administración pública

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Poder administrativo del presidente

Véase, por ejemplo, Kathryn A. Watts, Rulemaking as Legislating, 103 Geo. L.J. 1003, 1046-49 (2015) (que explora la doctrina del debido proceso procesal en el contexto de la elaboración de normas administrativas). Véase también Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 261-62 (1970) («[La terminación de las prestaciones sociales] implica una acción estatal que adjudica derechos importantes»). Cabe destacar que muchos de los principales estudiosos del derecho administrativo son también estudiosos del derecho constitucional. Es posible imaginar que los estudiosos del derecho administrativo podrían ser profesores y estudiosos de otras áreas doctrinales, pero mi conjetura es que el área de segunda elección de la enseñanza y la erudición para los profesores de derecho administrativo tiende a ser el derecho constitucional.

Esto genera muchos resultados intelectuales desafortunados, pero uno de ellos es que ha habido comparativamente poco que decir sobre el derecho administrativo como derecho constitucional. Los estudiosos no han prestado suficiente atención al funcionamiento interno del derecho administrativo y han descuidado pensar en lo que ese funcionamiento interno significa para el derecho constitucional -en lugar de al revés. En muchos países, el derecho administrativo es derecho constitucional.

Fuentes de poder administrativo

La jurisdicción administrativa es un asunto delicado: la soberanía del Estado está sujeta al control judicial. En realidad, esto se corresponde con el principio de separación de poderes en su forma original y no adulterada: en su función legislativa, el Estado aprueba leyes; en su función administrativa, aplica estas leyes; y como poder judicial, verifica si la administración cumple o no estas leyes. Así lo aprendimos en la escuela.

Pero no hace falta decir que no es tan sencillo. Esto es inmediatamente obvio si uno mira hacia atrás en la historia. Los tres poderes soberanos no surgieron simultáneamente, sino consecutivamente. El Estado moderno se basó inicialmente en el poder ejecutivo, en el gobierno y la administración. Fue la época del absolutismo. No fue hasta el siglo XIX, tras las grandes revoluciones populares de Estados Unidos y Francia, cuando surgió un poder legislativo elegido democráticamente y asumió gradualmente la primacía apoyado en las libertades civiles, o como diríamos hoy, basado en los derechos básicos y humanos. Es cierto que el poder judicial, como tercer poder soberano, es mucho más antiguo, pero era un mero observador no implicado: se limitaba a la jurisdicción civil y penal; no tenía nada que ver con el ejercicio de la soberanía por parte de la administración del Estado. A lo sumo, concedía una indemnización por daños y perjuicios si el ejercicio de la soberanía era ilegal y además provocaba un perjuicio material. Sin embargo, cualquier control judicial directo de la administración estaba descartado.