Objecion de conciencia en españa

Objeción de conciencia en la sanidad

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias. Aunque el Pacto no se refiere explícitamente a un derecho a la objeción de conciencia, en su

Observación general nº 22 (1993), el Comité de Derechos Humanos afirmó que tal derecho podría derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza letal podría entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar la propia religión o las propias creencias. El Consejo de Derechos Humanos, y anteriormente la Comisión de Derechos Humanos, también han reconocido el derecho de toda persona a la objeción de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, establecido en el artículo 18 de la

Gillette contra estados unidos

Este artículo trata sobre la libertad de conciencia en el ejército. Para la objeción de conciencia en medicina, véase Cláusula de conciencia en medicina en Estados Unidos y Objeción de conciencia al aborto. Para el documental sobre Desmond Doss, véase El objetor de conciencia. Para el concepto relacionado en otras materias, véase Discurso obligado.

El 8 de marzo de 1995, la resolución 1995/83 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que «las personas que prestan el servicio militar no deben ser excluidas del derecho a tener objeciones de conciencia al servicio militar»[3]. Esto se reafirmó en 1998, cuando la resolución 1998/77 reconoció que «las personas [que ya] prestan el servicio militar pueden desarrollar objeciones de conciencia». [4][5][6][7] Varias organizaciones de todo el mundo celebran este principio el 15 de mayo como Día Internacional de la Objeción de Conciencia[8] El término también se ha extendido a la objeción a trabajar para el complejo militar-industrial debido a una crisis de conciencia[9].

El primer objetor de conciencia del que se tiene constancia, Maximiliano, fue reclutado en el ejército romano en el año 295, pero «dijo al procónsul de Numidia que, debido a sus convicciones religiosas, no podía servir en el ejército». Fue ejecutado por ello, y posteriormente fue canonizado como San Maximiliano[10].

Objeción de conciencia a la vacuna contra el covirus

El ámbito de esta revista se corresponderá con el amplio horizonte de temas y problemas que hoy se incluyen en el dominio de la bioética, y se hará especial hincapié en la metodología interdisciplinar necesaria para un trabajo provechoso en este campo. La bioética ha mostrado también una considerable variedad de doctrinas éticas, de escuelas, de inspiraciones, que a menudo ha dado lugar a propuestas irreconciliables para la solución de problemas concretos, y ha introducido una vena polémica en los debates. El objetivo de esta revista es el de adoptar una metodología no sólo interdisciplinaria sino también interdoctrinaria, ofreciendo un espacio para el análisis crítico riguroso de cuestiones controvertidas, en el que la confrontación de argumentos racionales pueda llevar a reconocer las diferencias pero también a encontrar ciertos puntos de convergencia.

Objeción de conciencia a la vacunación

El movimiento insumiso (español: Movimiento insumiso o Insumisión, catalán: Moviment d’insubmissió, gallego: Movemento insubmiso, vasco: Matxinada) fue un movimiento masivo antimilitarista de desobediencia civil al servicio militar obligatorio en España, que duró desde principios de la década de 1980 hasta la abolición del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre de 2001.

En 1984, el Congreso de los Diputados aprobó una ley sobre la objeción de conciencia, que reconocía los derechos de los objetores, estableciendo un servicio civil de 18 meses, llamado «Prestación Social Sustitutoria» (PSS), como alternativa al servicio militar obligatorio de 12 meses. Los anteriores objetores fueron entonces amnistiados y liberados de las obligaciones militares. Algunos de ellos, sin embargo, consideraron que la mayor duración del PSS penalizaba a los objetores, equivalía a trabajos forzados y privaba de empleo a los trabajadores ordinarios; exigieron la abolición total del servicio militar. Por ello, estos objetores rechazaron la amnistía y regresaron a España aparentemente dispuestos a ser llamados a filas.