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¿te negaron el asilo político? | ¿qué puedo hacer?

5 de agosto de 2020 – La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido imponer una multa de hasta 3.000 euros a un empresario español, propietario de un bar, por la instalación inadecuada de un sistema de videovigilancia que apuntaba a la vía pública y la falta de cualquier tipo de cartel informativo al respecto, con la consiguiente infracción del principio de minimización de datos relacionados, según el artículo 5.1.c) del GDPR, y la falta de información transparente, según el artículo 12 del GDPR.

La decisión es consecuencia de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vigo en la que se afirmaba que la demandada había instalado un sistema de videovigilancia que apuntaba a la vía pública, sin ningún tipo de cartel informativo; dicha denuncia incluía fotografías de la policía local que demostraban la instalación del sistema de videovigilancia.

El denunciado no contestó a ningún requerimiento de investigación de la AEPD, por lo que ésta inició el correspondiente procedimiento sancionador. Durante sus investigaciones, la AEPD descubrió que (i) no existe ningún cartel informativo en el local ni cláusulas informativas sobre dicha actividad de tratamiento, que (ii) existen un total de dos cámaras en el local de la demandada, situadas en el exterior y apuntando a la vía pública desde las que obtienen imágenes de los peatones.

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¿Cuál es su ámbito competencial en materia de autorización inicial de trabajo para extranjeros? La competencia en materia de inmigración fue transferida a la Generalitat de Cataluña en su Estatuto de Autonomía (art. 138.2). Cataluña es la primera comunidad autónoma de España a la que se le atribuye esta competencia, a través del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.La competencia transferida abarca:

Desde el 1 de octubre de 2009, la Generalitat de Cataluña es la responsable de la gestión de estas materias en el ámbito de Cataluña. En la actualidad, el órgano competente es el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

La competencia en materia de autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros se ejerce en coordinación con el órgano correspondiente de la Administración General del Estado, en materia de entrada y residencia de extranjeros en España.

La Subdirección General de Autorizaciones de Trabajo Inicial es el órgano competente para comunicar las resoluciones en materia de autorizaciones de trabajo inicial para extranjeros. Salvo en los casos de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia en el país de origen, en los que es la Administración Central española quien, a través de la misión diplomática o consulado, comunica al interesado la resolución sobre la autorización.

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la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

De acuerdo con el artículo 37 de la LCSP, los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos de condiciones que regulen la licitación y los que establezcan las características del suministro, así como los actos de trámite adoptados en el procedimiento anterior, siempre que éstos decidan directa o indirectamente la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, deben ser los