Medidas cautelares inaudita parte

Ley de modernización de marcas

Dichos tribunales tendrán jurisdicción para hacer cumplir dicho requerimiento, según lo dispuesto en este capítulo, tan plenamente como si el requerimiento hubiera sido concedido por el tribunal de distrito en el que se solicita su cumplimiento. El secretario del tribunal o el juez que conceda el requerimiento judicial deberá, cuando sea requerido por el tribunal ante el cual se solicite la ejecución de dicho requerimiento, transferir sin demora a dicho tribunal una copia certificada de todos los documentos archivados en su oficina sobre los cuales se concedió dicho requerimiento judicial.

Será obligación de los secretarios de dichos tribunales, en el plazo de un mes a partir de la presentación de cualquier acción, demanda o procedimiento que implique una marca registrada conforme a las disposiciones de este capítulo, notificar por escrito al Director, indicando por orden, hasta donde se conozca, los nombres y direcciones de los litigantes y el número o números de designación del registro o registros sobre los que se ha presentado la acción, demanda o procedimiento, y en el caso de que cualquier otro registro se incluya posteriormente en la acción, En el caso de que cualquier otro registro se incluya posteriormente en la acción, demanda o procedimiento por medio de una enmienda, contestación u otro alegato, el secretario deberá dar una notificación similar al Director, y en el plazo de un mes después de que se haya dictado la sentencia o se haya interpuesto un recurso, el secretario del tribunal deberá dar una notificación al Director, y será obligación del Director, al recibir dicha notificación, endosar la misma en la envoltura del expediente de dicho registro o registros e incorporarla como parte del contenido de dicha envoltura del expediente.

15 u.s.c. 1117

Un requerimiento judicial obligatorio se emite cuando un tribunal ordena a una persona que realice determinados actos, a diferencia del requerimiento judicial prohibitivo, que busca preservar el statu quo. El demandado nombrado en un requerimiento judicial obligatorio debe deshacer el mal o el perjuicio que ha causado. A menos que lo impida una disposición constitucional o estatutaria, un tribunal puede dictar un requerimiento judicial cuando la intromisión del demandado en los derechos del demandante sea inmediata, intencionada y repetitiva.

Un tribunal ejerce su discreción al decidir si emite una orden judicial obligatoria. Incluso cuando los hechos establecidos justifican la emisión de una orden judicial obligatoria, los tribunales suelen exigir una orden judicial obligatoria sólo en circunstancias extraordinarias para dar al demandante una reparación adecuada.

Normalmente, un tribunal no emite una orden judicial obligatoria hasta una audiencia final, pero puede emitir una orden judicial obligatoria preliminar en situaciones excepcionales en las que los actos del demandado son indiscutiblemente voluntarios y fraudulentos. Por ejemplo, en el caso RoDa Drilling Co. contra Siegal, el tribunal concedió una orden judicial preliminar que ordenaba la transferencia del título de propiedad. Las solicitudes de medidas cautelares sólo se conceden si los hechos son claramente favorables a la parte actora. Cuando un tribunal decide emitir una orden judicial obligatoria, la orden debe ser lo menos opresiva posible y al mismo tiempo proteger los derechos del demandante.

15 u.s.c. 1114

El desagravio por mandato judicial, también conocido como orden judicial, es un recurso que impide a una parte realizar determinados actos o le exige que actúe de una manera determinada. Por lo general, sólo está disponible cuando no existe ningún otro remedio en la ley y se producirá un daño irreparable si no se concede la reparación. El objetivo de esta forma de reparación es evitar que se produzcan daños en el futuro. Este tipo de órdenes, cuando se emiten antes de una sentencia, se conocen como medidas cautelares que pueden ser castigadas como desacato si no se obedecen. Debido a su fuerza coercitiva, la concesión de medidas cautelares está sujeta a la revisión inmediata de un tribunal de apelación. El criterio de revisión es el abuso de discrecionalidad. Como tal, una medida cautelar será anulada si el tribunal de apelación considera que el tribunal de primera instancia emitió la medida basándose en una aplicación errónea de la ley o en una constatación de hechos errónea.

Las medidas cautelares sólo suelen concederse en circunstancias extremas. La parte que solicita una medida cautelar debe demostrar: (1) un perjuicio irreparable en ausencia de dicha orden; (2) que el perjuicio amenazado para la parte actora es mayor que el perjuicio para la parte contraria resultante de la orden; (3) que la medida cautelar no es contraria al interés público; y (4) que la parte actora tiene una probabilidad sustancial de éxito en cuanto al fondo. Al considerar estos factores, se ha descrito que los tribunales aplican un enfoque de «escala móvil» en el que cuanto más probable sea que el solicitante tenga éxito en el fondo, menos daño irreparable (para el solicitante) debe demostrarse para conceder la orden judicial. No existe ningún medio matemático para equilibrar estos factores, por lo que el enfoque de la «escala móvil» se basa en el juicio intuitivo del tribunal. Cabe señalar que los tribunales no considerarán que existe un daño irreparable cuando los daños sufridos sean calculables. Nueva York ha sostenido que en tales situaciones, los daños monetarios sirven como un remedio adecuado.

15 u.s.c. 1125

El 30 de noviembre de 2001, las Demandantes iniciaron un procedimiento arbitral de conformidad con las Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje, basándose en supuestos incumplimientos por parte de la Demandada de un Contrato de Gestión Hotelera de fecha 9 de abril de 1997 entre Four Seasons Caracas y la Demandada; un Contrato de Asesoría Hotelera de fecha 9 de abril de 1997 entre Four Seasons Netherlands y la Demandada; un Contrato de Servicios Hoteleros de fecha 9 de abril de 1997 entre Four Seasons Canada y la Demandada, y un Contrato de Preapertura de Hotel de fecha 2 de febrero de 1996 entre Four Seasons Canada y la Demandada (colectivamente, los «Contratos»).

Los Contratos se refieren a la operación y gestión por parte de las Demandantes de un hotel situado en un complejo inmobiliario en Caracas, Venezuela, adyacente a la Plaza Altamira, propiedad de la Demandada, que incluye, además del hotel y sus instalaciones, una torre de unidades de condominio y espacios comerciales y de oficinas anexos al hotel. De acuerdo con la Sección 4.01 (i) del Contrato de Gestión Hotelera, Four Seasons Caracas tiene derecho a poseer, gestionar y operar pacíficamente y sin ruido el hotel durante la vigencia del contrato, sin interrupciones ni perturbaciones.