Ley de regimen juridico de las administraciones

las normas de la administración pública

La Constitución recoge en su Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el pleno sometimiento de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.

En el ordenamiento originario del anterior régimen autocrático, el Gobierno quedaba reducido al Órgano Superior en el que culmina la Administración del Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o extensión de la misma, con la que compartiría, en gran medida, su naturaleza administrativa. El artículo 97 de la Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, inspirado en el principio de legitimidad democrática. Quedan así claramente perfilados los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política del Gobierno.

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El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de mayor eficiencia y eliminar las duplicidades que le afectan y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, realizó 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva requiere de unas administraciones públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y a las empresas. En la misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la acción administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Esta convicción se inspira en lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía.

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Este artículo analiza el papel y el lugar del Estado de Derecho en el sistema de la administración pública en las condiciones contemporáneas. Revela la estrecha colaboración entre el funcionamiento eficiente del gobierno y la aplicación real de este principio.

Doctor en Derecho, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Administración de Tribunales para la región de Asia Central/India, Juez del Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán estando en dimisión (Bakú, Azerbaiyán).

Desde la segunda mitad del siglo XX, se han producido cambios drásticos en la administración pública, que se considera como la actividad del gobierno y sus funcionarios destinada a la aplicación práctica de la política pública elaborada sobre la base de los procedimientos correspondientes.

(por ejemplo, en los Estados de orientación socialista) la planificación, el suministro material-técnico, las funciones de la seguridad social, etc., son estrechas, mientras que en otros (incluso en los países desarrollados), son amplias. En todo el mundo se practican nuevos enfoques de las funciones relacionadas no sólo con el mantenimiento y el fortalecimiento de la economía de mercado, sino también con la ejecución de medidas antimonopolio, la lucha contra el desempleo, la descentralización de las empresas e instituciones en diversas esferas, y otras.

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La situación actual de la pandemia del nuevo coronavirus está modificando innumerables paradigmas de la sociedad contemporánea es un completo cliché. Con el nivel de integración que tenemos hoy en el mundo y con las dimensiones que han adquirido las relaciones sociales (muchas de las cuales tienen incluso un alcance global), era casi inimaginable una época con tantas restricciones de circulación y de reunión. Las consecuencias aún no se conocen del todo y serán, en gran medida, muy profundas.

En este artículo de investigación no pretendemos presentar grandes reflexiones sociológicas sobre el momento actual, ni siquiera estamos capacitados para ello. Sin embargo, un recorte preciso parece ser muy relevante para ser realizado y analizado: cómo delinear el control de la Administración Pública en los actos discrecionales que instituyen programas y políticas públicas.

En otras palabras, la estructura clásica de control de la Administración Pública, creada en el siglo XIX para comprobar la adhesión de un acto administrativo al contenido previamente determinado por la ley, se complementa hoy con una serie de medios de control. Es decir, en teoría, ya no sólo se controla la compatibilidad del acto con su marco legislativo, sino también la compatibilidad del acto con las competencias del agente público y con los contornos dados por el texto constitucional a determinados derechos de los ciudadanos relativos al Estado.