Ley de arrendamiento urbanos

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Las personas físicas que son propietarias de un inmueble en España y no tienen ingresos por alquiler están obligadas a presentar una declaración anual, el Modelo 210, y a pagar el impuesto sobre la renta en función del valor catastral del inmueble.

El abogado Raymundo Larraín Nesbitt nos da una visión general de la ley de arrendamientos urbanos en España (o LAU) que se aplica en todo el país. Esta ley regula los contratos de alquiler de larga duración, entre otros tipos de alquiler.

Hay que tener en cuenta que he simplificado mucho la LAU para facilitar su comprensión, pero en realidad sus entresijos y matices son mucho más complejos de lo que quiero explicar. Es muy recomendable que los lectores interesados en la materia consulten la sección de «artículos relacionados» (al final de este artículo) que son específicos y tratan, por ejemplo, de los desahucios de inquilinos.

La España de la posguerra civil sufría una escasez crónica de viviendas. En aquella época las familias eran numerosas y necesitaban toda la protección que pudieran reunir de las autoridades. Este fuerte sesgo a favor de la protección de los derechos de los inquilinos quedó tan profundamente arraigado en la psique de los legisladores que impregna todas las leyes de alquiler, incluso hasta el día de hoy.

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Tampoco se aplica la LAU a «la cesión temporal de uso «de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales turísticos y realizada con ánimo de lucro, cuando esté sujeta a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial». Además de los arrendamientos mencionados en el art. 5, también quedan excluidos de la aplicación de la LAU los arrendamientos de solares, garajes y los industriales o empresariales, que están sujetos directamente al Código Civil.

Y los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, por voluntad de las partes, y a falta de contrato escrito o convenio específico aplicable, por lo dispuesto en el Título III de la LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil español.

C) Prórroga voluntaria: además de la prórroga obligatoria, la LAU regula una prórroga «voluntaria» de un año. Para que sea aplicable es necesario que el contrato de arrendamiento haya llegado a su vencimiento; que hayan transcurrido al menos tres años de duración contractual; y, por último, que ninguna de las partes haya notificado a la otra, con al menos treinta días de antelación, su intención de no renovar el contrato.

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Las partes que firmaron el contrato pueden acordar la revisión de la renta cada año de vigencia del contrato. Si no se dice nada al respecto en el contrato, no se aplicará la revisión de la renta. Si, por el contrario, la revisión de la renta se ha pactado en el contrato sin establecer un punto de referencia, la revisión no podrá superar el IPC.

La fianza será de un mes de renta en los contratos de alquiler de vivienda. Será de dos meses de renta en los contratos de uso distinto de vivienda. La actualización de la fianza deberá ajustarse a lo que acuerden las partes. En su defecto, se actualizará en proporción a la actualización de la renta.

Desde el despacho de Pérez Parras Economistas y Abogados, esperamos que esta información sea de utilidad. No dude en consultar a nuestro despacho de Economistas y Abogados en Málaga y Nerja si es usted propietario y quiere redactar un contrato de alquiler, o si es usted inquilino y quiere que le asesoremos en el contrato que va a firmar.

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BuscarEntrar / RegistrarseNRAU: Conoce los cambios en la ley de arrendamientos urbanosInfórmate sobre los nuevos cambios en la ley de arrendamientos urbanos, conocida como NRAU, y conoce los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios.La ley de arrendamientos urbanos, conocida como Nuevo Régimen de Arrendamientos Urbanos – NRAU, fue creada el 27 de febrero de 2006 y desde entonces ha sufrido numerosos cambios.

Esta protección está relacionada con la falta de información o respuesta a las cartas de actualización de la renta tras la entrada en vigor del NRAU. Muchos inquilinos corren el riesgo de ser desalojados, ya que sus contratos de alquiler tienen ahora una duración de cinco años.

Los inquilinos debilitados, con las características mencionadas anteriormente, que tienen contratos de alquiler celebrados entre 1990 y 1999 no pueden ser desalojados si han vivido en esa propiedad durante más de 20 años. El contrato de arrendamiento sólo puede llegar a su fin en caso de demolición u obras de gran envergadura.Derecho al reembolso de las obras pagadas por el arrendatarioLos inquilinos pueden realizar obras urgentes en la vivienda, cuando el arrendador no las realiza, y tienen derecho a su reembolso. Además, los inquilinos pueden contar con el apoyo del Servicio de Requerimiento Judicial en Materia de Alquiler, SIMA, que fue creado para defender este tipo de derechos de los inquilinos.