La conformidad en el proceso penal

teoría de la amenaza de la minoría

(1) Usos prohibidos. Las pruebas de cualquier otro delito, falta o acto no son admisibles para probar el carácter de una persona con el fin de demostrar que en una ocasión particular la persona actuó de acuerdo con el carácter.

Subdivisión (a). Esta subdivisión aborda la cuestión básica de si la prueba de carácter debe ser admitida. Una vez que se establece la admisibilidad de la prueba de carácter de alguna forma en virtud de esta regla, se debe hacer referencia a la regla 405, que sigue, para determinar el método de prueba apropiado. Si el carácter es el de un testigo, véanse las reglas 608 y 610 para los métodos de prueba.

Las cuestiones de carácter se plantean de dos maneras fundamentalmente diferentes. (1) El carácter puede ser en sí mismo un elemento de un delito, reclamación o defensa. Una situación de este tipo se conoce comúnmente como «carácter en cuestión». Los ejemplos son: la castidad de la víctima en virtud de una ley que especifica su castidad como elemento del delito de seducción, o la competencia del conductor en una acción por confiar negligentemente un vehículo de motor a un conductor incompetente. No se trata de un problema de relevancia general de las pruebas de carácter, por lo que la presente norma no contiene ninguna disposición al respecto. La única cuestión que se plantea es la de los métodos de prueba admisibles, en relación con los cuales véase la regla 405, que sigue a continuación. (2) La prueba de carácter es susceptible de ser utilizada con el fin de sugerir una inferencia de que la persona actuó en la ocasión en cuestión de forma coherente con su carácter. Este uso del carácter se describe a menudo como «circunstancial». Algunos ejemplos son: la prueba de una disposición violenta para demostrar que la persona fue el agresor en una pelea, o la prueba de honestidad para refutar una acusación de robo. Este uso circunstancial de las pruebas de carácter plantea cuestiones de pertinencia, así como cuestiones de métodos de prueba permitidos.

la rebelión en la criminología

(Cooperación policial y judicial en materia penal – Artículos 34 UE y 35 UE – Decisión marco 2001/220/JAI – Estatuto de la víctima en el proceso penal – Protección de las personas vulnerables – Audiencia de menores como testigos – Efectos de una decisión marco)

Asimismo, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. No obstante, este principio exige que, en caso necesario, el órgano jurisdiccional nacional considere el conjunto del Derecho nacional para

(Cooperación policial y judicial en materia penal – Artículos 34 UE y 35 UE – Decisión marco 2001/220/JAI – Estatuto de la víctima en el proceso penal – Protección de las personas vulnerables – Audiencia de menores como testigos – Efectos de una decisión marco)

el sentido del artículo 35 UE (véanse en este sentido, en relación con el artículo 234 CE, los asuntos acumulados C-54/94 y C-74/94, Cacchiarelli y Stanghellini, Rec. 1995, p. I-391, y los asuntos acumulados C-74/95 y C-129/95, X, Rec. 1996, p. I-6609) y, en segundo lugar, que la Decisión marco, basada en los artículos 31 UE y 34 UE, es uno de los actos mencionados

wikipedia

Версія для друкуEl Tribunal adoptó la decisión en el caso de la conformidad de las disposiciones específicas de la Ley de Ucrania «Sobre la prevención de la corrupción» y el Código Penal de Ucrania a la Constitución de Ucrania

El 27 de octubre, el Tribunal Constitucional de Ucrania adoptó una sentencia sobre la separación de los procedimientos constitucionales en el caso sobre la petición constitucional de 47 diputados del pueblo de Ucrania sobre la conformidad de la disposición específica de las leyes de Ucrania «Sobre la prevención de la corrupción», «Sobre la Oficina de la Fiscalía», «Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción», «Sobre la Oficina Estatal de Investigación», «Sobre la Agencia Nacional de Ucrania sobre la Revelación, Búsqueda y Gestión de Activos Obtenidos de la Corrupción y otros Delitos», el Código Penal de Ucrania, el Código de Procedimiento Civil de Ucrania a la Constitución de Ucrania (constitucionalidad) en procedimientos constitucionales separados.

El Tribunal adoptó la decisión en el caso de la conformidad de las disposiciones específicas de la Ley de Ucrania «sobre la prevención de la corrupción», y el Código Penal de Ucrania a la Constitución de Ucrania (constitucionalidad).

definición de la criminología de la conformidad

Sourav, M. R. (2015). Definir el delito de desaparición forzada de conformidad con el derecho penal internacional: una nueva frontera para Bangladesh. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, 3(2), 221-235. https://doi.org/10.15845/bjclcj.v3i2.909

La desaparición forzada se considera un crimen internacional atroz patrocinado por el Estado y ha surgido recientemente como una cuestión muy extendida en Bangladesh. En la actualidad, la oposición política es el principal objetivo de las desapariciones forzadas, aunque también se ha atacado a ciudadanos apolíticos. La mayoría de los incidentes no se han resuelto y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han negado repetidamente su participación. A nivel internacional, la Convención de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se abrió a la firma en 2007 y entró en vigor en 2010. El propósito de la Convención es tipificar como delito las desapariciones forzadas en todo el mundo y los Estados Partes tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir que se produzcan. A pesar de la cruel realidad de las desapariciones forzadas en Bangladesh, todavía no se ha aprobado ninguna ley para adaptar el derecho penal nacional a la convención. No obstante, el derecho a la vida es uno de los principales derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Bangladesh que puede ser relevante en este contexto.    Las desapariciones forzadas tienen un impacto desastroso en la familia de la víctima, así como importantes implicaciones sociales. En opinión de este autor, Bangladesh debería ratificar la convención y debe reformar la legislación nacional para poner fin al crimen de Estado. De lo contrario, el alcance de la cuestión puede tener tremendas consecuencias para toda la nación.