Incidente de nulidad de actuaciones contencioso administrativo

Incidente de nulidad de actuaciones contencioso administrativo

significado jurídicamente inexistente

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 24 de enero de 2008 (asunto R 1023/2007-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Atlas Air, Inc. y Atlas Transport GmbH. eur-lex.europa.eu

Toda disposición contractual concluida antes de que se produzca el suceso que ha causado la muerte o las lesiones personales de un pasajero o la pérdida o los daños del equipaje del pasajero, que pretenda eximir a cualquier persona responsable en virtud del presente Convenio de la responsabilidad hacia el pasajero o que prescriba un límite de responsabilidad inferior al fijado en el presente Convenio, salvo lo dispuesto en el artículo 8, y cualquier disposición de este tipo que pretenda desplazar la carga de la prueba que recae sobre el transportista o el transportista ejecutor, o que tenga por efecto restringir las opciones especificadas en los párrafos 1 o 2 del artículo 17, será nula y sin efecto, pero la nulidad de dicha disposición no anulará el contrato de transporte, que seguirá sujeto a las disposiciones del presente Convenio. eur-lex.europa.eu

wikipedia

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 se enmarca en el convencimiento de que una economía competitiva requiere administraciones públicas eficientes, transparentes y ágiles.

En esta misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 prevé expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentando su productividad.

La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica «Gobierno y Administración», los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nación de la Administración, definiendo al primero como un órgano eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la gestión de la Administración y estableciendo la subordinación de ésta a la gestión de aquél.

Estas actuaciones «ad extra» de las administraciones tienen una mención explícita en el artículo 105 del texto constitucional, que establece que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el procedimiento a través del cual deben realizarse los actos administrativos, garantizando, en su caso, que proceda, la audiencia a los interesados.

estudio cepej

En general, se puede interponer una acción sin recurrir previamente a un recurso dispuesto por una entidad administrativa. Sin embargo, en lo que respecta a la recaudación de impuestos, la suspensión o revocación del permiso de conducir, etc., el agotamiento del recurso administrativo es un requisito previo a la presentación de una acción ante el tribunal.

En principio, los procedimientos administrativos y los procedimientos civiles tienen similitudes en su desarrollo. Sin embargo, como los procedimientos administrativos están más relacionados con el interés público, es más necesario que el tribunal intervenga de oficio en los procedimientos administrativos que en los civiles. En los procedimientos administrativos, el tribunal puede examinar las pruebas de oficio y considerar los hechos no declarados por las partes, aunque éstas también tienen la responsabilidad de hacer alegaciones y presentar pruebas.

Cuando la disposición se considera infundada, o, excesivamente dura y severa teniendo en cuenta todas las circunstancias, aunque tenga algún fundamento, el tribunal debe revocar la disposición a favor del demandante. Sin embargo, aunque la demanda del demandante se considere razonable, si la revocación de la disposición se considera notablemente inadecuada para el bienestar público, el tribunal puede rechazar la demanda del demandante.

comisión europea para la eficacia de la justicia

1.3 Esta Dirección Práctica se aplica a todos los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2021. Esta Dirección Práctica también se aplicará a todos los procedimientos iniciados antes del 1 de septiembre de 2021, a menos que sea injusto o poco práctico hacerlo.

1.4 En la medida en que esta Instrucción Práctica sea incompatible con cualquier ley, reglamento, norma u otra disposición legislativa (enumerada expresamente o no), prevalecerá dicha ley, reglamento, norma u otra disposición legislativa.

2.4 Una solicitud inicial (Derecho de familia) que pretenda la declaración de nulidad de un matrimonio y/o la declaración de validez de un matrimonio, el divorcio o la anulación de un matrimonio no debe solicitar órdenes relacionadas con ningún otro tipo de procedimiento.

2.5 El solicitante también debe pagar la tasa de presentación establecida por la normativa, a menos que se aplique una exención. 2.8 El Juez o el Secretario Judicial pueden exigir a una parte que se comprometa a pagar una tasa de presentación antes de aceptar un documento para su presentación.

2.9 Si se pretende que el Tribunal dicte una resolución interlocutoria sin notificar al demandado (solicitud sin notificación), el solicitante deberá cumplir los requisitos establecidos en la regla 5.11 del Reglamento de Derecho de Familia.