Estatutos de autonomia definicion

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El 28 de abril de 1931, el Consejo de Ministros español aprobó un decreto por el que se establecía la composición provisional de la Generalitat: el Gobierno o Consejo, compuesto por el Presidente y los ministros, y la Diputación Provisional de la Generalitat. La Diputación Provisional, formada por representantes de los municipios catalanes, y el Gobierno nombraron una comisión encargada de la redacción del proyecto de estatuto de autonomía. Estaba presidida por Jaume Carner e integrada por Antoni Xirau, de Izquierda Republicana de Cataluña; Rafael Campalans, de Unión Socialista de Cataluña; Martí Esteve, de Acción Catalana, y Pere Coromines, independiente.

En el referéndum sobre el proyecto de Estatuto, celebrado el 2 de agosto de 1931, participó alrededor del 75% del electorado, y obtuvo el 99% de los votos a favor. Además, contó con el apoyo de más de 400.000 firmas de mujeres catalanas (entonces sin derecho a voto). Así, el primer proyecto de estatuto de autonomía concedido a una región española fue aprobado de forma abrumadoramente popular. Tras el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, las Cortes Generales españolas aprobaron el Estatuto de Cataluña el 9 de septiembre de 1932.

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En la práctica, los acuerdos de autonomía incorporan poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en diversos grados. En los casos en los que se utiliza como instrumento para la prevención y resolución de conflictos de autodeterminación, lo ideal es que la autonomía incluya una mezcla de los tres que permita al grupo étnico en cuestión regular de forma independiente los asuntos centrales de las preocupaciones de sus miembros, que normalmente son fácilmente identificables al manifestarse en reivindicaciones concretas. Sin embargo, como la autonomía no llega a ser una soberanía plena, esto ocurre dentro del marco constitucional y legislativo más amplio del país de acogida de la minoría y bajo la supervisión de un gobierno central u organismos similares que garanticen el cumplimiento de todas las acciones de las instituciones autónomas con las normas establecidas para el funcionamiento de la autonomía[1].

La autonomía no es un fenómeno nuevo ni ha sido poco estudiado. Aunque la aplicación de los regímenes de autonomía en el sentido que aquí se define no comenzó hasta el siglo XX, existen algunos antecedentes anteriores, como el autogobierno húngaro en el Imperio de los Habsburgo tras el Ausgleich de 1868, la autonomía gradualmente erosionada que tuvo Polonia dentro del imperio ruso tras el Congreso de Viena (la llamada Polonia del Congreso), así como el Gran Ducado de Finlandia entre 1809 y 1917, también dentro del Imperio ruso.

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Nominalmente, un Estatuto de Autonomía (español: Estatuto de Autonomía, catalán: Estatuto de Autonomía, Gallego: Estatuto de Autonomía, Asturiano: Estatutu d’ Autonomía, Vasco: Autonomía Estatutua) es una ley situada jerárquicamente por debajo de la Constitución de un país, y por encima de cualquier otra forma de legislación (incluidas las leyes orgánicas). Este cuerpo legislativo concede la autonomía (autogobierno) a una unidad subnacional, y su articulado suele imitar la forma de una constitución, estableciendo la organización del gobierno autónomo, las normas electorales, la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno y otras disposiciones específicas de la región, como la protección de las realidades culturales o lingüísticas.

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El Estatuto de Autonomía de Andalucía es una ley que se sitúa jerárquicamente por debajo de la Constitución de España de 1978, y por encima de cualquier legislación aprobada por la Junta de Andalucía. Durante la transición española a la democracia, Andalucía fue la única región de España que emprendió su camino hacia la autonomía por la llamada «vía rápida» que permitía el artículo 151 de la Constitución de 1978. Este artículo se estableció para regiones que, como Andalucía, no habían podido aprobar un estatuto de autonomía durante el periodo de la Segunda República Española debido al estallido de la Guerra Civil. Tras este procedimiento, Andalucía se constituyó como comunidad autónoma el 28 de febrero de 1980. La fiesta regional del Día de Andalucía conmemora esa fecha. El estatuto fue aprobado al año siguiente por el gobierno nacional español.

El artículo 1 del original Estatuto de Autonomía de Andalucía, también conocido como Estatuto de Carmona, declara que la autonomía andaluza se justifica en la «identidad histórica, en el autogobierno que la Constitución permite a toda nacionalidad, en franca igualdad con el resto de las nacionalidades y regiones que componen España, y con un poder que emana de la Constitución y del pueblo andaluz, reflejado en su Estatuto de Autonomía»[1].