Estado de alarma excepcion y sitio constitucion española

cómo citar la constitución española

Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Estado de excepción» – noticias – periódicos – libros – erudito – JSTOR (septiembre de 2018) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

Un estado de emergencia es una situación en la que un gobierno está facultado para poder llevar a cabo políticas que normalmente no le estarían permitidas, para la seguridad y protección de sus ciudadanos. Un gobierno puede declarar tal estado durante una catástrofe natural, disturbios civiles, conflicto armado, pandemia o epidemia médica u otro riesgo de bioseguridad. El Justitium es su equivalente en el derecho romano, un concepto en el que el Senado romano podía presentar un decreto final (senatus consultum ultimum) que no estaba sujeto a disputa, pero que ayudaba a salvar vidas en tiempos de conflicto.

El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) permite a los Estados derogar ciertos derechos garantizados por el PIDCP en «tiempos de emergencia pública». Sin embargo, cualquier medida que derogue las obligaciones del Pacto debe ser sólo en la medida en que lo exija la situación, y debe ser anunciada por el Estado Parte al Secretario General de las Naciones Unidas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos[2] y la Convención Americana de Derechos Humanos[3] tienen disposiciones derogatorias similares. No se permite la derogación de los Convenios Internacionales del Trabajo.

constitución española de 1812

Algo a lo que sin duda ha contribuido el Tribunal Constitucional con una jurisprudencia que ha permitido una interpretación de estas categorías excepcionales dentro del prisma de un Estado constitucional moderno. Así ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la aplicación del art. 155 del TS, y creo que esta es también la orientación definitoria de la reciente sentencia sobre la declaración del estado de alarma en esta pandemia. Ni la ley de Emergencia prevista en el art. 116 SC, ni el art. 155 SC que incluye la coacción federal son ese «botón nuclear» que puede hacer estallar el Estado constitucional. En un Estado de Derecho democrático como el que define la Constitución española, por muy grave que sea el peligro que corre el Estado, no hay un soberano desnudo que decida la excepción, ni se suspenderá la Constitución sin garantías.

En cualquier caso, tratemos de reconstruir las pautas establecidas por el Tribunal Constitucional. El objeto principal de la controversia planteada ante el Tribunal Constitucional fue la decisión del Gobierno de confinar a la población para responder a la pandemia. El Gobierno adoptó esta medida decretando el estado de alarma. Sin embargo, la Constitución española sólo permite la suspensión de derechos en el marco de un estado de excepción o de un estado de sitio. La cuestión constitucional era: ¿el confinamiento de la población era una limitación intensa de la libertad que podía adoptarse en el estado de alarma o era una suspensión que sólo podía adoptarse en el marco del estado de excepción? Y, en este último caso, ¿era posible decretar el estado de excepción para hacer frente a una pandemia? La respuesta del Tribunal Constitucional ha sido que el confinamiento era inconstitucional porque una medida tan incisiva en la libertad de circulación no puede ser considerada como una mera limitación, sino que, materialmente, habría supuesto una suspensión.

preámbulo en español

El segundo estado de alarma, que duró del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021, es igualmente controvertido. Sin embargo, aquí creo que siete de cada diez juristas consideramos inconstitucional el plazo de seis meses. En su sentencia del 27 de octubre, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional por siete votos contra cuatro porque «se llevó a cabo de forma totalmente incoherente con el sentido constitucional del acto de autorización y sin coherencia alguna con las razones que el Gobierno esgrimió para instar la prórroga finalmente concedida. Además, se autorizó la prórroga cuando las medidas limitativas de derechos incluidas en la solicitud no iban a ser aplicadas de forma inmediata por el Gobierno, ya que su puesta en marcha estaba sujeta a la decisión de los presidentes de las Comunidades Autónomas, de modo que la autorización se dio sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia».

Las divisiones de opinión en el seno de los grupos profesionales de expertos no son nada nuevo, más aún en este heterogéneo grupo de juristas y más aún en este caso del estado de excepción que ha sido tan controvertido entre los partidos políticos españoles en cuanto a su contenido. Pero, aun descontando a los juristas orgánicos, cuya opinión doctrinal se construye a partir de las opiniones preconcebidas de su grupo político, lo cierto es que las diferencias se mantienen, sumiendo en la melancolía a todos aquellos que nos empeñamos en desmentir a Julius von Kirchmann y su demoledor «Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft» (La inutilidad de la jurisprudencia como ciencia).

día de la constitución en españa

España instauró el estado de excepción en marzo del año pasado, suspendiendo algunas libertades civiles, confinando a casi todos los 47 millones de habitantes de España en sus hogares y cerrando todas las industrias, excepto las esenciales, durante tres meses.

El partido de extrema derecha Vox, que cuenta con 52 diputados en el parlamento español y es el tercer partido político más grande, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional de España, alegando que la orden original del gobierno violaba los derechos básicos de libertad de movimiento.

Para el Estado español también supone un posible quebradero de cabeza financiero, ya que 1,1 millones de multas impuestas por infringir el estado de excepción pueden ahora recurrirse ante los tribunales, lo que significa que el gobierno podría verse obligado a devolver las multas que impuso a algunas personas.

Rafael Bengoa, ex director de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud y actual director del Instituto de Salud y Estrategia de Bilbao, cree que España se ha visto desbordada por la propagación de la variante delta.

«Dije hace tres semanas que no íbamos a controlar la variante delta. Esa variante es más rápida en todo; más transmisible, más virulenta, cuando te infectas alcanzas antes cargas virales más altas», dijo a la VOA.