Derecho a la privacidad

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Nueva Zelanda está comprometida con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contienen el derecho a la intimidad[1]. La Ley de Privacidad de 2020 aborda la recogida, el almacenamiento y el tratamiento de la información. Por otra parte, se ha creado un derecho general a la intimidad en el derecho civil. Dicho derecho fue reconocido en el caso Hosking v Runting [2003] 3 NZLR 385, un caso que trataba de la publicación de hechos privados. En el caso posterior C v Holland [2012] NZHC 2155 el Tribunal reconoció un derecho a la intimidad en el sentido de reclusión o un derecho a estar libre de intrusiones no deseadas. Para un resumen útil véase: court-recognises-intrusion-on-seclusion-privacy-tort-hugh-tomlinson-qc/

La Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990 (NZBORA) se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[2] sin embargo, no incluye ningún derecho expreso a la privacidad. A pesar de la falta de un derecho expreso, la intimidad es el fundamento de muchos de los derechos contenidos en la NZBORA, como el derecho a no ser registrado o incautado de forma irrazonable, protegido por el artículo 21.[3] El hecho de que no se incluya un derecho a la intimidad en la NZBORA no la afecta ni la invalida en modo alguno[4] Se sugiere que la intimidad no se incluyó en la NZBORA debido a su dificultad para definirla, y porque el entorno social de la época no era el adecuado para aplicar un derecho con parámetros vagos e inciertos[5].

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El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero a menudo cruza la línea cuando se trata de la vigilancia. En 2013, Edward Snowden denunció el programa de espionaje de la NSA, lo que puso el tema de la privacidad en el punto de mira. El equilibrio entre la seguridad nacional, la libertad de expresión, la vigilancia y el derecho a la intimidad es complicado. En general, se acepta que si el gobierno no tiene una razón para espiar a alguien, no debería hacerlo. Nadie quiere vivir en un estado de Gran Hermano.

Cuando la privacidad se reconoce como un derecho humano básico, hay consecuencias para quienes no la respetan. Aunque hay muchos ejemplos «blandos» de uso de datos personales, como los anuncios dirigidos, los derechos de privacidad establecidos trazan una línea en la arena. Sin estas restricciones, las empresas y los gobiernos son más propensos a robar y utilizar indebidamente los datos sin consecuencias. Las leyes de privacidad son necesarias para proteger los derechos de privacidad.

Todo el mundo tiene cosas que no quiere que ciertas personas sepan. Tener el derecho a establecer límites es importante para unas relaciones y carreras sanas. En el pasado, poner límites significaba simplemente elegir no hablar de temas específicos. Hoy en día, la cantidad de información personal que se guarda en línea hace que el proceso sea más complicado. Las redes sociales pueden revelar mucha información que no queremos que conozcan ciertas personas (o extraños). Las plataformas de los medios de comunicación están obligadas a ofrecer funciones de seguridad. Tener control sobre quién sabe qué nos da tranquilidad.

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En un mundo cada vez más conectado y abarrotado, los tribunales y las legislaturas han desarrollado un concepto relativamente nuevo: el derecho a la intimidad de la persona. Se trata de un concepto particularmente «occidental», fundado en la visión de la Ilustración de que el individuo es el centro de la sociedad y posee derechos para vivir y actuar sin interferencia del gobierno, siempre que la sociedad esté protegida de actos irrazonables. En la mayor parte de Asia y en gran parte del Tercer Mundo, este concepto no se considera prioritario.

El derecho a la intimidad es, sencillamente, el derecho de una persona a que se le deje en paz, a estar libre de publicidad injustificada y a vivir sin injerencias injustificadas del público en asuntos que a éste no le conciernen necesariamente. Strutner contra Dispatch Printing Co., 2 Ohio App. 3d 377 (Ohio Ct. App., Franklin County 1982).

Una persona tiene un derecho procesable a estar libre de la invasión de la privacidad. Black v. Aegis Consumer Funding Group, Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 2632 (S.D. Ala. 8 de febrero de 2001). Una invasión procesable del derecho a la intimidad es la apropiación o explotación injustificada de la propia personalidad, la publicación de los asuntos privados de una persona que no conciernen legítimamente al público, o la intromisión indebida en las actividades privadas de una persona de tal manera que escandaliza o causa sufrimiento mental, vergüenza o humillación a una persona de sensibilidad ordinaria.