Derecho a la informacion constitucion española

Texto de la constitución española de 1978

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La libertad de prensa es el derecho de los periódicos, revistas y otros impresos a publicar noticias sin ningún tipo de control por parte del gobierno.[1] La libertad de prensa en España, una Monarquía Constitucional con Democracia Parlamentaria, está garantizada en el artículo 20 de su Constitución redactada en 1978, tras la dictadura del General de Francisco Franco que terminó en 1975. España ha sido clasificada por el World Press Freedom en el puesto 29 en 2017.

Además, el Estado español también ha mencionado en el artículo 149 de su Constitución que tendrá competencia exclusiva sobre las siguientes materias: «Las normas básicas relativas a la organización de la prensa, la radio y la televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas para su desarrollo y ejecución»[2].

Cómo citar la constitución española

LegislaturaCongreso de los DiputadosÉpoca históricaPeriodo de entreguerras- Proclamación 14 de abril de 1931- Constitución aprobada 9 de diciembre de 1931- Revolución de 1934 5-19 de octubre de 1934- Guerra Civil Española 17 de julio de 1936- Caída de la República 1 de abril de 1939

Durante la Guerra Civil española, hubo tres gobiernos. El primero fue dirigido por el republicano de izquierdas José Giral (de julio a septiembre de 1936); sin embargo, en el seno de la República estalló una revolución inspirada principalmente en principios socialistas libertarios, anarquistas y comunistas, que debilitó el gobierno de la República. El segundo gobierno estaba dirigido por el socialista Francisco Largo Caballero, del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). La UGT, junto con la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), fueron las principales fuerzas de la mencionada revolución social. El tercer gobierno fue dirigido por el socialista Juan Negrín, que dirigió la República hasta el golpe militar de Segismundo Casado, que acabó con la resistencia republicana y acabó con la victoria de los nacionalistas.

Constitución española de 1812

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.

Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).

El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

Constitución española pdf

En noviembre, España aprobó una polémica ley de protección de datos para facilitar el cumplimiento de la legislación española al Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Aunque la ley española pretendía aportar claridad a la aplicación de los principios del RGPD, su texto y su posible aplicación en el mundo real han provocado la preocupación de que se desvíe del efecto previsto por el RGPD.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección de datos tanto en virtud de la Constitución de España en su artículo 18.4 como del artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Sin embargo, tanto la Constitución española como la Carta adoptan una vía y un enfoque textual diferentes del derecho fundamental a la protección de datos. El artículo 18.4 de la Constitución de España confiere un derecho negativo, mientras que el artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea confiere un derecho positivo. Leído estrictamente, el artículo 8 de la Carta de la UE separó el derecho a la protección de datos del derecho a la intimidad, lo que allanó el camino para la adopción del RGPD. Este reglamento otorga a todos los ciudadanos europeos, incluidos los españoles, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a resistirse a la elaboración de perfiles. La aplicación española del RGPD es diferente. Podría permitir la recopilación de perfiles políticos. Esta enorme excepción puede tener implicaciones de gran alcance en el derecho constitucional de España a la protección de datos, así como para la UE en su conjunto.