Convenio de lugano ii

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Estados que aplican los instrumentos del régimen de Bruselas Reglamento de Bruselas, acuerdo UE-Dinamarca, Convenio de Lugano Acuerdo UE-Dinamarca, Convenio de Lugano Régimen de Bruselas anteriormente aplicable

El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil se realizaban originalmente en el seno de las Comunidades Europeas mediante el Convenio de Bruselas de 1968: un tratado firmado por los entonces seis miembros de las Comunidades[1]. Este tratado fue modificado en varias ocasiones y fue sustituido casi por completo por un reglamento adoptado en 2001, el Reglamento de Bruselas I. En la actualidad, el convenio sólo se aplica entre los 15 miembros de la Unión Europea anteriores a 2004 y determinados territorios de los Estados miembros de la UE que están fuera de la Unión: Aruba, los territorios franceses de ultramar y Mayotte.[2] Está previsto que el Convenio de Bruselas sea sustituido por el nuevo Convenio de Lugano, estando este último abierto a la ratificación por parte de los Estados miembros de la UE que actúen en nombre de territorios no europeos que pertenezcan a ese Estado miembro.

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Muchas empresas han elegido durante mucho tiempo la ley y los tribunales de Inglaterra y Gales u otra jurisdicción del Reino Unido para la resolución de los litigios derivados de los acuerdos comerciales transfronterizos. Lo hacen por el calibre de la judicatura, la familiaridad del lenguaje, la previsibilidad de los resultados debido a los precedentes y el respeto a la libertad contractual. La mayor parte de esto no se ve afectado por el Brexit.

Sin embargo, en los casos de dimensión europea, el Brexit afecta a las normas sobre la ley aplicable a los litigios y a los tribunales que serán competentes para conocerlos. También afecta al reconocimiento y la ejecución transfronterizos de las sentencias.

Mientras que el Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido de 2019 contenía ciertas disposiciones transitorias sobre estas cuestiones, esencialmente para los procedimientos iniciados antes del final del período de aplicación, el 31 de diciembre de 2020, el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) UE-Reino Unido acordado el 24 de diciembre de 2020 no estableció ninguna disposición a más largo plazo en estas áreas. Examinamos la posición resultante y las alternativas a largo plazo al régimen anterior que el Reino Unido ha puesto en marcha o está persiguiendo. Entre ellas se encuentra la adhesión al Convenio de Lugano, que el Reino Unido sigue persiguiendo, pero sigue sin estar claro lo que se podrá conseguir.

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El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil se realizaban originalmente en el seno de las Comunidades Europeas mediante el Convenio de Bruselas de 1968: un tratado firmado por los entonces seis miembros de las Comunidades[1]. Este tratado fue modificado en varias ocasiones y fue sustituido casi por completo por un reglamento adoptado en 2001, el Reglamento de Bruselas I. En la actualidad, el convenio sólo se aplica entre los 15 miembros de la Unión Europea anteriores a 2004 y determinados territorios de los Estados miembros de la UE que están fuera de la Unión: Aruba, los territorios franceses de ultramar y Mayotte.[2] Está previsto que el Convenio de Bruselas sea sustituido por el nuevo Convenio de Lugano, estando este último abierto a la ratificación por parte de los Estados miembros de la UE que actúen en nombre de territorios no europeos que pertenezcan a ese Estado miembro.

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En su calidad de Estado miembro de la UE, el Reino Unido también formaba parte del Convenio de Lugano, que funciona de forma similar al régimen de Bruselas, pero incluye en su ámbito de aplicación a Suiza, Noruega e Islandia, además de la UE.2 Sin embargo, la pertenencia del Reino Unido a dicho convenio también desapareció con la salida del país del bloque.

Desde el principio se reconoció que estos cambios causarían un importante trastorno en los litigios transfronterizos y el Reino Unido señaló que intentaría volver a adherirse al Convenio de Lugano por derecho propio. Sin embargo, esto no fue el final del asunto. La renovada participación del Reino Unido en el Convenio de Lugano estaría sujeta al consentimiento de las actuales partes de dicho convenio. Si bien el Reino Unido recibió declaraciones de apoyo de Noruega, Islandia y Suiza, las señales de la UE no eran prometedoras. Finalmente, el 7 de julio de 2021 la Comisión Europea informó al depositario del Convenio de Lugano de que la UE no estaba en condiciones de dar su consentimiento para invitar al Reino Unido a adherirse a dicho convenio.