Capacidad de obrar y capacidad juridica

Ejemplo de capacidad de obrar

La capacidad, o más bien la capacidad mental, abarca las decisiones cotidianas, como qué ropa y qué comprar, así como las decisiones que cambian la vida, como el traslado a una residencia o una intervención quirúrgica importante[1].

Como aspecto del contrato social entre un Estado y sus ciudadanos, el Estado adopta un papel de protector de los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. En términos de política pública, se trata de la política de parens patriae. Del mismo modo, el Estado tiene un interés social y económico directo en promover el comercio, por lo que definirá las formas de empresa comercial que pueden operar en su territorio, y establecerá normas que permitan tanto a las empresas como a quienes deseen contratar con ellas una oportunidad justa de obtener valor. Este sistema funcionó bien hasta que aumentó la movilidad social y comercial. Ahora las personas comercian y viajan habitualmente a través de las fronteras estatales (tanto física como electrónicamente), por lo que es necesario proporcionar estabilidad a través de las fronteras estatales dado que las leyes difieren de un estado a otro. Así, una vez definida la ley personal, las personas llevan su capacidad consigo como un pasaporte, independientemente de si viajan o no. De este modo, una persona no ganará o perderá capacidad en función del accidente de las leyes locales, por ejemplo, si A no tiene capacidad para casarse con su primo en virtud de su ley personal (una norma de consanguinidad), no podrá eludir esa ley viajando a un estado que sí permita dicho matrimonio (véase nulidad). En Saskatchewan (Canadá), una excepción a esta ley permite a las personas casadas convertirse en cónyuges de hecho de otro(s) antes de divorciarse del primer cónyuge. Esta ley no se respeta en otras provincias canadienses.

Capacidad legal en el reino unido

La capacidad, o más bien la capacidad mental, abarca las decisiones cotidianas, entre ellas: qué ropa ponerse y qué comprar, así como las decisiones que cambian la vida, como por ejemplo: si se traslada a una residencia o si se somete a una cirugía mayor[1].

Como aspecto del contrato social entre un Estado y sus ciudadanos, el Estado adopta un papel de protector de los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. En términos de política pública, se trata de la política de parens patriae. Del mismo modo, el Estado tiene un interés social y económico directo en promover el comercio, por lo que definirá las formas de empresa comercial que pueden operar en su territorio, y establecerá normas que permitan tanto a las empresas como a quienes deseen contratar con ellas una oportunidad justa de obtener valor. Este sistema funcionó bien hasta que aumentó la movilidad social y comercial. Ahora las personas comercian y viajan habitualmente a través de las fronteras estatales (tanto física como electrónicamente), por lo que es necesario proporcionar estabilidad a través de las fronteras estatales dado que las leyes difieren de un estado a otro. Así, una vez definida la ley personal, las personas llevan su capacidad consigo como un pasaporte, independientemente de si viajan o no. De este modo, una persona no ganará o perderá capacidad en función del accidente de las leyes locales, por ejemplo, si A no tiene capacidad para casarse con su primo en virtud de su ley personal (una norma de consanguinidad), no podrá eludir esa ley viajando a un estado que sí permita dicho matrimonio (véase nulidad). En Saskatchewan (Canadá), una excepción a esta ley permite a las personas casadas convertirse en cónyuges de hecho de otro(s) antes de divorciarse del primer cónyuge. Esta ley no se respeta en otras provincias canadienses.

Restricciones a la capacidad de actuación

29 P Lepping, T Stanly y J Turner «Systematic review on the prevalence of lack of capacity in medical and psychiatric settings» (2015) 15 Clin Med (JRCP) 337. El estudio analizó la proporción media de pacientes y mostró que los pacientes psiquiátricos con psicosis, demencia y manía son más propensos a carecer de capacidad de decisión que los que tienen depresión o trastorno de la personalidad. Asimismo, en el ámbito de la medicina general, los pacientes con problemas de aprendizaje, delirios y enfermedades neurológicas eran los más propensos a carecer de capacidad.

31 En McFadzean v Moleta [2013] NZHC 1601, un caso que implicaba la evaluación de la capacidad testamentaria de una persona, Collins J observó en [7]: «Lamentablemente, aunque el derecho y la medicina se cruzan, las dos disciplinas no están sincronizadas».

36 La Ley de Protección de los Derechos Personales y Patrimoniales de 1988 utiliza indistintamente los términos «capacidad» y «competencia» y el Código de Derechos se refiere exclusivamente a la «competencia». Para facilitar la referencia, utilizo los términos «capacidad» o «capacidad mental».

Tipos de capacidad jurídica

El concepto de capacidad está estrechamente relacionado con otros conceptos importantes y difíciles. Está fuertemente relacionado con las concepciones de autonomía e independencia, en el sentido de que está íntimamente ligado a la capacidad de tomar decisiones independientes y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Margaret Hall señala,

La capacidad, en derecho, sirve como umbral efectivo de la autonomía, dividiendo a los autónomos, por un lado, de los no autónomos, por otro, sobre la base de la capacidad de un individuo para participar en el proceso de pensamiento racional (y, por tanto, autónomo), explicado como la capacidad de ejercer la propia voluntad para reflexionar y elegir entre los deseos, y adoptar los elegidos como «propios»[116].

El concepto de capacidad debe entenderse en el contexto de la vida de las personas a las que afecta más profundamente: las personas, mayores o menores, que viven con una discapacidad que afecta a su capacidad para recibir, comprender, evaluar y retener información de forma independiente, y las que se presume que tienen deficiencias en dichas capacidades. Dado que la vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores ha estado históricamente y sigue estando muy marcada por el paternalismo, las suposiciones negativas sobre sus capacidades y las restricciones a su independencia, el concepto de capacidad y las formas particulares en que se operativiza están muy cargados. Los movimientos por los derechos de los discapacitados y de los ancianos se han visto impulsados en gran medida por el esfuerzo de reivindicar el derecho a controlar sus propias vidas y de reafirmar su dignidad y su pleno valor humano, por lo que las concepciones de la capacidad adquieren una importancia fundamental, tanto en el plano práctico como en el de la representación de los derechos y el estatus concedidos a estos grupos.