Articulos inconstitucionales estatuto cataluña

Estatuto de autonomía de cataluña 1979

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (catalán: Estatut d’Autonomia de Catalunya) establece la normativa institucional básica de Cataluña en el marco de la Constitución española de 1978. Define los derechos y obligaciones de los ciudadanos de Cataluña, las instituciones políticas de la comunidad catalana, sus competencias y relaciones con el resto de España, y la financiación de la Generalitat[1].

Esta Ley fue aprobada en referéndum el 18 de junio de 2006 y sustituyó al primer Estatuto de Sau, que databa de 1979. La aprobación fue dada por el 36% de los catalanes con derecho a voto. La abstención en el referéndum fue alta: más del 50%.[2] El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional de España evaluó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley,[3] reescribiendo 14 de ellos y dictando la interpretación para 27 más. Esto provocó una manifestación masiva en Barcelona de más de un millón de personas[4][5] bajo el lema en catalán Som una nació. Nosaltres decidim (en español, «Somos una nación. Nosotros decidimos»).

Parlamento de cataluña

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (catalán: Estatut d’Autonomia de Catalunya) establece la normativa institucional básica de Cataluña en el marco de la Constitución española de 1978. Define los derechos y obligaciones de los ciudadanos de Cataluña, las instituciones políticas de la comunidad catalana, sus competencias y relaciones con el resto de España, y la financiación de la Generalitat[1].

Esta Ley fue aprobada en referéndum el 18 de junio de 2006 y sustituyó al primer Estatuto de Sau, que databa de 1979. La aprobación fue dada por el 36% de los catalanes con derecho a voto. La abstención en el referéndum fue alta: más del 50%.[2] El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional de España evaluó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley,[3] reescribiendo 14 de ellos y dictando la interpretación para 27 más. Esto provocó una manifestación masiva en Barcelona de más de un millón de personas[4][5] bajo el lema en catalán Som una nació. Nosaltres decidim (en español, «Somos una nación. Nosotros decidimos»).

Estatuto de autonomía de cataluña

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (catalán: Estatut d’Autonomia de Catalunya) establece la normativa institucional básica de Cataluña en el marco de la Constitución española de 1978. Define los derechos y obligaciones de los ciudadanos de Cataluña, las instituciones políticas de la comunidad catalana, sus competencias y relaciones con el resto de España, y la financiación de la Generalitat[1].

Esta Ley fue aprobada en referéndum el 18 de junio de 2006 y sustituyó al primer Estatuto de Sau, que databa de 1979. La aprobación fue dada por el 36% de los catalanes con derecho a voto. La abstención en el referéndum fue alta: más del 50%.[2] El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional de España evaluó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley,[3] reescribiendo 14 de ellos y dictando la interpretación para 27 más. Esto provocó una manifestación masiva en Barcelona de más de un millón de personas[4][5] bajo el lema en catalán Som una nació. Nosaltres decidim (en español, «Somos una nación. Nosotros decidimos»).

Por qué cataluña quiere la independencia

Oxford Reports on International Law (ORIL) ha establecido nuevos estándares de actualidad y cobertura de la jurisprudencia internacional pública, informando sobre tribunales internacionales, nacionales y ad hoc. Los informes de casos contienen el texto completo de cada decisión, una nota de encabezamiento, así como comentarios analíticos y traducciones al inglés de una serie de decisiones clave que no están en inglés. Con informes sobre más de 5.500 casos, ORIL se considera ahora, con razón, un recurso imprescindible para el investigador de derecho internacional.

En el caso español, una parte importante de ese contexto ha sido configurado por el Tribunal Constitucional. Según el artículo 1 de la Constitución española de 1978, «la soberanía nacional pertenece al pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado». El artículo 2 se refiere a la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al tiempo que protege «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». La capacidad de celebrar referendos está regulada en el artículo 92 de la Constitución: deben ser convocados por el Rey al Presidente del Gobierno en relación con «decisiones políticas de especial trascendencia» siempre que implique a «todos los ciudadanos». Una Ley de 1980 regula con más detalle las condiciones para la celebración de referendos en España. Su artículo 2 aclara que la decisión de convocar dicha consulta es una competencia exclusiva del Estado.