Artículo 81 de la constitución española

Qué es la constitución española

El 24 de marzo de este año finalizó en España el procedimiento iniciado en la anterior legislatura para la aprobación y promulgación de la ley orgánica reguladora de la eutanasia (LO 3/2021), que entrará en vigor el próximo 24 de junio.

La Constitución Española (art. 81 CE) impone al legislador la utilización de este tipo de fuentes para todas las materias que ordenen y desarrollen derechos fundamentales. Las leyes orgánicas -a diferencia de las leyes ordinarias, que se aprueban por mayoría de los presentes en cada cámara, ya sea el Senado o el Congreso- requieren que el texto completo y definitivo sea aprobado por esta última cámara con la mayoría absoluta de sus miembros. Son, por tanto, leyes que exigen un amplio consenso en el Congreso de los Diputados, que en España, dadas las características de su ley electoral, es la cámara más representativa.

La ley fue aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, y con ella España pasó a formar parte de los países que hasta la fecha han reconocido el derecho a la eutanasia (Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Holanda), junto con, como veremos más adelante, el tratamiento al final de la vida en relación con el llamado «suicidio asistido», ya permitido en otros países, como Suiza y algunos estados de EEUU, por ejemplo.

Constitución española de 1931

(3) El Estado podrá negociar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan especiales vínculos con España. En estos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque esos países no concedan un derecho recíproco a sus propios ciudadanos. (Art. 11)

b) El recurso de amparo individual contra la violación de los derechos y libertades recogidos en el apartado 2 del artículo 53 de la Constitución, en los supuestos y forma que establezca la ley.

(2) El Gobierno podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y acuerdos adoptados por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que producirá la suspensión de las disposiciones o acuerdos impugnados, pero el Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión, según el caso, en un plazo no superior a cinco meses. (Art. 161)

a) Interponer recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma y, en su caso, su Asamblea.

Constitución de cuba

Hace unos días, el Congreso español aprobó por mayoría absoluta (179 votos) un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esta ley, si llega a promulgarse (lo que sin duda ocurrirá), dará al gobierno español amplios poderes para reprimir las manifestaciones pacíficas, por mencionar sólo una de las varias características inquietantes de lo que parece ser una pieza de «derecho administrativo del enemigo».

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una de las llamadas «leyes orgánicas». Según la Constitución Española (art. 81), son leyes orgánicas las que se refieren al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, establecen los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás leyes previstas en la Constitución. Para aprobarlas, modificarlas o derogarlas se requiere la mayoría absoluta del Congreso. El Senado tiene que decidir en los dos meses siguientes a la recepción del texto si lo veta o introduce enmiendas. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta (art. 91 de la Constitución española). Sin embargo, es probable que el texto sea aprobado sin cambios por el Senado, ya que la mayoría del Partido Popular en el Senado es la misma que en el Congreso.

Constitución española 1978 cataluña

La Comunidad Valenciana surgió como resultado de la manifestación de la autonomía de los pueblos de las provincias valencianas, tras la etapa preautonómica, a la que se accedió mediante el Real Decreto-Ley 10/1978, de creación del Consell del País Valenciano.

Aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición valenciana procedente del histórico Reino de Valencia se encontró con la moderna concepción del País Valenciano y dio lugar a la autonomía valenciana, como integradora de las dos corrientes de opinión que enmarcan todo lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que alcanza.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, promulgado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, fue el resultado del consenso de las principales fuerzas políticas valencianas que querían recuperar el autogobierno de nuestro pueblo, haciendo uso del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad. Aunque la vía por la que el pueblo valenciano accedió a la autonomía fue una vía intermedia entre las de los artículos 143 y 151 de la Constitución, nuestro Estatuto ha garantizado, como norma institucional básica de la Comunidad Valenciana, la recuperación del autogobierno del pueblo valenciano y de sus instituciones, ejerciendo las competencias asumidas en el marco constitucional, como corresponde a su condición de nacionalidad histórica.