Articulo 1902 codigo civil español

constitución española

Los plazos de prescripción se rigen por la Ley de prescripción de 1957, modificada por la Ley de prescripción (modificada) de 1991 y 2000. Los plazos de prescripción no pueden ser prorrogados por acuerdo. Sin embargo, la cuestión de si una demanda ha prescrito es una defensa que debe plantear el demandado una vez iniciado el procedimiento. Un tribunal no considerará esta cuestión por su propia voluntad. Un demandado puede verse impedido de invocar la prescripción como defensa si su conducta hace que sea injusto permitirle hacerlo.

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Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la Filiación, Patria y Régimen Económico del Matrimonio, que suprimió la distinción entre filiación legítima e ilegítima, equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introdujo la investigación de la filiación.

A raíz de la misma, se sustituyó el anticuado concepto de abandono por la institución del desamparo, cambio que ha supuesto una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor al permitir la asunción, por parte de la entidad pública competente, de la tutela de éste en los casos de grave protección del mismo.

También se ha introducido la consideración de la adopción como elemento de plena integración familiar, la configuración de la acogida familiar como nueva institución de protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con el mismo, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las competencias del Ministerio Fiscal en relación con los menores, así como de sus obligaciones.

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cubre cuestiones comunes en la legislación y normativa sobre litigios de competencia -incluidos los recursos provisionales, los recursos finales, la prueba, la justificación/defensas, los plazos, la liquidación, las costas, el recurso, la clemencia y las reformas previstas- en 18 jurisdicciones.

Las conductas anticompetitivas pueden ser sancionadas en España a través de un doble cuerpo normativo.    Por un lado, a nivel nacional, están los artículos 1 (conductas colusorias) y 2 (abuso de posición dominante) de la Ley de Defensa de la Competencia («LDC»).    Por otro lado, está el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») en sus artículos 101 y 102.

Ante un acuerdo o práctica comercial anticompetitiva, los jueces y tribunales españoles pueden aplicar tanto la normativa nacional como la normativa de la Unión Europea anteriormente expuesta en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002.

Estos artículos y las correspondientes acciones para actuar contra las actividades anticompetitivas, que se detallan a continuación, se basan a su vez en el artículo 1902 del Código Civil («CC»), que impone la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por la realización de conductas ilícitas.

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6. The jurisprudence will complement the legal system with the doctrine that, in a reiterated manner, the Supreme Court establishes when interpreting and applying the law, the custom and the general principles of law.

2. Laws are only repealed by subsequent laws. The repeal shall have the scope expressly provided for and shall always extend to everything in the new law on the same subject matter that is incompatible with the previous one. The simple repeal of a law does not render effective again those laws which it has repealed.

2. Equity shall be weighed in the application of the rules, although the decisions of the Courts may only rely exclusively on it when the law expressly allows it.

4. Acts carried out under the protection of the text of a rule that pursue a result prohibited by the legal system, or contrary to it, shall be considered to have been carried out in fraud of law and shall not prevent the due application of the rule that had been sought to be circumvented.